El 2008 fue otro año difícil y con frecuencia peligroso para los sindicalistas de todo el mundo. Así lo declara el Informe Anual de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de este año sobre las Violaciones de los Derechos Sindicales, en el cual se detallan abusos de los derechos fundamentales de los trabajadores en 143 países.1 Un total de 76 sindicalistas fueron asesinados por llevar a cabo acciones en defensa de los derechos de los trabajadores, y otros muchos fueron agredidos físicamente, sometidos a acoso e intimidación o arrestados por las autoridades.
Los gobiernos de al menos nueve países (Birmania, Burundi, China, Corea del Sur, Cuba, Irán, Túnez, Turquía y Zimbabwe) fueron responsables del encarcelamiento de sindicalistas a causa de sus actividades legítimas en apoyo a la gente trabajadora. Se registraron unos 7.500 casos de despidos de trabajadores y trabajadoras implicados en actividades sindicales en un total de 68 países, 20 de los cuales en África solamente. En Birmania, China, Cuba, Laos, Corea del Norte, Vietnam y varios otros países, sólo se permitió la actividad de los sindicatos oficiales controlados por el Estado.
Las repercusiones de la situación económica mundial en los derechos de los trabajadores ha sido un rasgo prominente en muchos países. En particular, gran parte de la represión por toda África consistió en severas reacciones por parte de los gobiernos contra los trabajadores que intentaban obtener mejoras salariales al verse afectados por la crisis alimentaria, con cifras cada vez más altas de familias incapaces de alimentarse convenientemente. Y resulta increíble, pero muchos de los más afectados son trabajadores del mismísimo sector agrícola. Hacia finales de 2008 se empezaron a notar los efectos de la crisis financiera global, que implicó una opresión aún mayor en la seguridad laboral, los salarios y las condiciones de trabajo.
El Informe también pone de manifiesto las inquietantes tendencias con relación a los derechos laborales en los países industrializados, donde se recurre cada vez más al empleo de mano de obra temporal y de agencias de subcontratación, mermando así los ingresos, las condiciones y los derechos en el trabajo. Del lado positivo cabe señalar que los cambios de gobierno en Australia y en EEUU han traído promesas de protección para los trabajadores y trabajadoras en ambos países, donde los datos de años anteriores habían sido sumamente deficientes.
Los derechos sindicales son derechos humanos en el trabajo, reconocidos universalmente. Dos Convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que los definen y garantizan (Convenios 87 y 98) han sido ratificados por 149 y 159 Estados miembros de la OIT, respectivamente, de los 182 existentes en el mundo, Cuba entre ellos.
Pese a este reconocimiento formal por parte de los Gobiernos, una vez más este año, la CSI documenta violaciones continuas y masivas de los derechos sindicales fundamentales. En la mayoría de los países con cultura democrática la sindicalización, la libertad de asociación y la negociación colectiva son derechos básicos fundamentales garantizados por la ley y protegidos por el Estado. En Cuba estos derechos—y muchos otros, como la libertad de expresión, a la difusión del pensamiento, a contar con garantías procesales de acuerdo a los estándares internacionales cuando se acude a tribunales, el libre acceso a Internet, las manifestaciones públicas y el derecho a la huelga, la emisión de opiniones políticas—son objeto de criminalización por parte del Estado.
Una de las características de los gobiernos totalitarios es la centralización y el total control sobre la economía, la sociedad y la ideología. Bajo la falaz terminología de “gobierno de los trabajadores,” el régimen cubano se ha entronizado y perfeccionado. En el transcurso de los primeros meses del año 2009 hemos visto un regreso a la vieja ideología de “mano dura” frente a la Unión Europea y los recientes cambios que el gobierno de los Estados Unidos ha generado. El actual gobierno de Raúl Castro ha endurecido sus acciones contra la sociedad civil y—como una parte de ésta—el sindicalismo independiente, asegurándose de sellar cualquier rendija de apertura en lo que respecta a las libertades fundamentales que le corresponden al pueblo cubano.
En Cuba no existe libertad sindical porque no existe democracia. Derechos internacionalmente reconocidos como la Libertad Sindical y Negociación Colectiva son pisoteados. Son habituales las prácticas anti-sindicales y la discriminación por opiniones sindicales que no coincidan con las posiciones del Partido Comunista. Abunda el despido de trabajadores y familiares por el sólo hecho de intentar crear un sindicato independiente de las estructuras estatales. Los trabajadores por cuenta propia, cometidos a resolver la crisis alimentaria y económica en la cual el Estado—empeñado en no sacrificar un ápice de su poder—ha sumido al pueblo, son constantemente acosados e impedidos en su gestión. Los demócratas cubanos son perseguidos, agredidos, encarcelados.
La modalidad represiva de detención temporal, con interrogaciones, humillaciones y amenazas, típica de los últimos años, cobró un matiz escalofriante este año cuando la Seguridad del Estado detuvo a cuatro sindicalistas independientes y les tomó muestras físicas para análisis de ADN y un supuesto “banco de olores.” Por otra parte, los trabajadores por cuenta propia han sufrido un incesante acoso como consecuencia directa de las nuevas regulaciones emitidas por el gobierno el pasado noviembre, supuestamente contra “desvíos, ilegalidades y corrupción” pero en realidad una perfecta justificación para un feroz operativo contra la iniciativa privada.
El reporte que a continuación presentamos, que es una síntesis de otros trabajos preparados por el Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba (GIRSCC), es sólo una muestra de la realidad que enfrenta el trabajador de la Isla, desvalido frente a un Estado patrón corrupto y totalitario, así como todo aquel cubano que, día a día, se dispone a laborar en libertad, aún dentro de esa gran cárcel que es Cuba. El Cuadro 1 presenta la principales violaciones que comete el Gobierno de Cuba en material laboral y sindical.
Estamos consientes que si bien esta conferencia de ASCE, no puede solucionar todos los problemas que existen en el país, para un futuro proceso de transición si está en la capacidad de elaborar escenarios que faciliten este proceso, de ahí que aquí va nuestro pequeño aporte.
REPRESION CONTRA SINDICALISTAS INDEPENDIENTES
Sindicalistas en prisión
Al momento de redactar este informe cinco sindicalistas independientes continúan en prisión, detenidos durante la ola represiva de marzo del 2003 y condenados en juicios sumarísimos a largas condenas. Nelson Molinet Espino, secretario general de la Confederación de Trabajadores Democráticos de Cuba; Miguel Galván Gutiérrez, periodista independiente y subdirector del Centro Nacional de Capacitación Sindical y Laboral; Alfredo Felipe Fuentes, dirigente sindical del Consejo Unitario de Trabajadores de Cuba; Iván Hernández Carrillo, miembro del Ejecutivo Nacional de la CONIC; y Héctor Raúl Valle, miembro de la Confederación de Trabajadores Democráticos de Cuba.
A mediados del año pasado Nelson Molinet Espino permaneció 83 días en celda de castigo, privado de todas sus pertenencias, asistencia religiosa, llamadas telefónicas y la correspondencia. Nelson denunció más tarde que un carcelero, quien le niega la hora del sol, le dijo que lo van a matar en cualquier momento. El sindicalista, recluido en la prisión Kilo 5 1/2, en Pinar del Río, había reclamado ser trasladado hacia La Habana, lugar donde reside él y su familia, y poder ver a su padre, enfermo e imposibilitado de viajar largas distancias.
Cuadro 1. Principales Violaciones que Comete el Gobierno de la República de Cuba en Materia Laboral y Sindical
Iván Hernández Carrillo, recluido en la prisión de Guamajal de hombres, en Santa Clara, viene denunciando desde principios del 2008 las agresiones y estrategias de los oficiales del penal en su contra, quienes utilizan a prisioneros comunes para agredirlo constantemente. Ha realizado varias huelgas de hambre por considerar su vida en peligro, luego de numerosos ataques físicos y amenazas de muerte. La última, la cual finalizó el pasado abril, obtuvo que lo trasladaran de un destacamento con 34 reclusos comunes de alta peligrosidad a una celda individual—la cual carece de las más elementales condiciones humanas, pero aún así, lejos de los presos comunes que atentan contra su vida. Su madre, la Dama de Blanco Asunción Carrillo, ha denunciado en múltiples ocasiones la situación de su hijo. En estos momentos, el sindicalista se encuentra en un delicado estado de estado de salud debido las inhumanas condiciones de vida derivadas de tratos crueles y degradantes sufridas a su paso por diversas prisiones del país como Cuba Sí, El Pre y Guajamal. En junio de esta año fue galardonado por el Fondo Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) con el Premio de la Libertad 2009, lo que le ha acarreado aún más hostigamiento y maltratos contra su persona.
Miguel Galván Gutiérrez continúa reportando desde la prisión de Guanajay sobre las terribles condiciones en que se encuentran los presos. Su madre falleció el pasado octubre, sin poder ver a su hijo.
Héctor Raúl Valle Hernández, recluido en la prisión de máxima severidad de Guanajay, se declaró en huelga de hambre el pasado 25 de junio en reclamo a asistencia médica especializada y al horario de sol establecido. Hace más de tres años Héctor Raúl tiene indicado unos estudios para valorar una gastritis crónica que le produce fuertes dolores, debido a la pésima atención que ha recibido en los cinco años de reclusión. El sindicalista ha continuado reportando desde prisión.
Acoso a Sindicalistas Independientes
En su empeño por coartar al movimiento sindical independiente en Cuba, el gobierno cubano comete todo tipo de abusos contra sus miembros. Prisión, agresiones físicas, despidos, intimidación, detenciones, arrestos domiciliarios, vigilancia, violación de privacidad, etc. son prácticas comunes. No sólo son afectados los activistas, sino por extensión sus hijos, cónyuges y los miembros de su entorno familiar.
Este año, el nivel de intimidación contra los sindicalistas ascendió notablemente cuando cuatro sindicalistas independientes fueron citados a la unidad policial de Guanabo, acusados de recordar el 13 de Julio y de haber participado en el documental Bajo el cielo cubano: el trabajador y sus derechos, producido en el exilio.
María Elena Mir Marrero, Justo J. Sánchez, Hanoi Oliva y Daniel Sabatier fueron interrogados por los agentes primer teniente Amaury Suárez de la PNR local y “René“ del Departamento 21 de la Seguridad del Estado, quienes los amenazaron con ser encausados por las actividades que estaban desarrollando y que pensaban realizar. En una escalofriante escalada represiva, los agentes procedieron a tomarles huellas dactilares de los diez dedos de la mano y de la palma, les rasparon las uñas, le tomaron fotos de frente y de lado y les introdujeron en los pantalones en sus zonas privadas un paño que tuvieron que mantener por más de 30 minutos y que después fue introducido en un pomo y tapado. Cuando preguntaron sobre este último procedimiento, les respondieron que era para “crear un banco de olores.”
En el proceso de interrogatorio los agentes represivos del régimen les advirtieron que no iban a permitirles más actividades que pudieran poner en riesgo la labor de la Central CTC. Les informaron además que los otros sindicalistas que participaron en el documental y actividades—como es el caso de Carmelo Díaz Fernández, Jorge Olivera Castillo, Víctor Manuel Domínguez y Emilio Jerez—correrían la misma suerte.
Las autoridades represivas están especialmente alertas durante las efemérides nacionales y las fechas significativas para la oposición, nerviosas de cualquier celebración o recordatorio. El Primero de Mayo (Día Internacional del Trabajo), el 28 de Enero (Natalicio del Apóstol José Martí), el 24 de Febrero (comienzo de la Guerra de Independencia, conmemoración del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate), 18 de Marzo (aniversario de la ola represiva de marzo del 2003), el 13 de Julio (día de recordación de los sucesos del Remolcador “13 de Marzo”) son días en que acosan, detienen, intimidan, vigilan y amenazan a los miembros de la oposición cubana y a los sindicalistas independientes en particular, tratando de impedir su participación en estas actividades.
El 30 de abril Carmelo Díaz Fernández, presidente de la Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba (CTIC), en licencia extra penal de una sentencia de 15 años de cárcel, fue citado a la Sección 21 de la sede del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) y amenazado por el agente “José Luis” de ser regresado a prisión si no dejaba de fomentar sindicatos independientes. También fueron incluidos en las amenazas Víctor Manuel Domínguez, director del Centro de Capacitación, y Reinaldo Cosano Alén, director de la agencia Sindical Press, quienes—según el oficial— también caerían presos cuando los procesos contra los disidentes comenzaran. Al final de la cita le advirtieron que no hicieran ningún seminario de capacitación, ni ninguna actividad relacionada con el Día Internacional del Trabajo. El 24 de febrero Carmelo había sido visitado en su vivienda por tres agentes de la Seguridad del Estado quienes le advirtieron que de no renunciar a la presidencia de la CTIC y cesar en sus actividades “subversivas” sería revocada la libertad y además no se le concedería el permiso de salida del país. Otra visita semejante la recibió el pasado septiembre, cuando tres oficiales del DSE profirieron las mismas amenazas, con el fin de que no llevara a cabo una actividad planificada por su organización para anunciar públicamente su constitución. Esta vez agregaron que ellos no podían predecir cual sería la “reacción de la población” (entiéndase las violentas Brigadas de Reacción Rápida dirigidas por el gobierno). El día 15 de ese mes había sido detenido y confinado a un calabozo por doce horas.
Por su parte, Reinaldo Cosano Alén informó de la presencia de dos miembros de la Brigada de Respuesta Rápida en las proximidades de su vivienda al amanecer del 1 de mayo. Cosano ha sido reprimido en varias ocasiones en lo que va de año. El 27 de enero fue visitado por el agente del DSE “Angel Luis,” para advertirle sobre la actividad 28 de enero y comunicarle que no la permitirían. El día 23 de febrero los agentes “Alexei” y “Angel Luis” lo citan para la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Guanabo, advirtiéndole no realizar actividad alguna por la fecha al día siguiente ya que va a estar bajo estrecha vigilancia él, junto a María Elena Mir. El día 16 de marzo los mismos agentes le advirtieron no realizar actividad alguna, ni salir de su casa el 18 de marzo. El día 18 de marzo amaneció la casa completamente vigilada por personas vestidas de civil.
Los delgados de la CONIC en Pinar del Río y Cienfuegos José Felix Rodríguez y Carlos R. Reyes y Orlando Monet, secretario general del Sindicato Independiente de Cuentapropistas en La Habana, denunciaron que fueron visitados en sus casas por oficiales del DSE y la policía para advertirles que no participaran en actividades conmemorativas al Día Internacional del Trabajo. El 27 de enero José Félix había recibido una visita de dos miembros del Partido Comunista de Cuba municipal, quienes manifestaron que no le permitirían realizar actividad alguna el día siguiente. El 28 amanece su domicilio vigilado y al trasladarse le solicitan su carnet de identidad, no permitiéndole colocar flores en el busto de José Martí. El 23 de febrero fue detenido durante cinco horas en la Delegación Provincial de la PNR. El 3 de marzo fue detenido bajo la acusación de fomentar conversaciones “no afines con el proceso revolucionario” en forma pública (cabe destacar que el tema era la destitución de los 14 Ministros, información brindada por los órganos informativos cubanos). Es trasladado a la PNR e interrogado por el Mayor Beune del DSE. Lo mantienen en las celdas desde las 9 de la mañana hasta las 5 y 30 de la tarde, sin recibir alimento alguno. El 18 de marzo fue vigilado su domicilio y visitado por la policía política y amenazado, sin lograr salir de su casa.
Osvaldo Antonio Castillo, delegado de la CONIC en Matanzas, informó sobre una visita amenazadora en su vivienda de un oficial del DSE advirtiéndole que estaba siendo controlado para impedir su participación en las celebraciones del Día Internacional del Trabajo. Así mismo, los delegados provinciales Raudel Avila, de Santiago de Cuba, y Robert Jeans Márquez, de Guantánamo, fueron advertidos y controlados por las fuerzas represoras ese día. Por otro lado, hubo una estrecha vigilancia policial sobre las viviendas de María Elena Mir, secretaria general de la CONIC, y Lázaro Ricardo Pérez, en Isla de la Juventud. Castillo había logrado poner una ofrenda floral en el busto de José Martí el 28 de enero, aunque seguido por la policía política. Durante la efeméride del 24 de Febrero su casa amaneció rodeada por las violentas turbas de las Brigadas de Respuesta Rápida. El delegado provincial de la CONIC había denunciado anteriormente que agentes de la policía política lo visitaron el 22 de ese mes en su vivienda y en tono severo le habían advertido que no le permitiría acto alguno de conmemoración y que no podía salir de su localidad hasta pasada la fecha.
Raudel Avila, coordinador provincial de la CONIC y miembro del Movimiento Jóvenes por la Democracia, fue a su vez visitado el 26 de enero por dos agentes, quienes lo amenazaron por su labor de periodista y dentro de la CONIC. El 23 de febrero es detenido y advertido nuevamente por la fecha y las denuncias laborales que realiza por emisoras extranjeras. El 18 de marzo es detenido durante toda la mañana en la Unidad Provincial e interrogado por el Mayor Jefe de Enfrentamiento de la provincia “Dorky,” quien hace referencia a la carta enviada a Raúl Castro en nombre de la CONIC pidiéndole la libertad incondicional de las víctimas de marzo del 2003. Le advierte que la próxima vez será llevado a los tribunales directamente. El pasado noviembre Raudel había sido detenido en su domicilio y conducido a la unidad de enfrentamiento de la policía política de Palma Soriano, donde permaneció por más de cuatro horas. Allí fue advertido oficialmente por el jefe de sector de la PNR y declarado persona de interés policial. También fue amenazado con la ley de “peligrosidad social pre-delictiva”—delito que se utiliza en Cuba para encausar a opositores pacíficos y vincularlos con delitos comunes, contemplado en el Código Penal cubano y que establece: “Se considera estado peligroso la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista.”
Por su parte, María Elena Mir ha denunciado otras represiones en su contra. El día 6 de enero, celebración del Día de los Reyes, fue vigilada constantemente por varias personas vestidas de civil (de las Brigadas de Respuesta Rápida) para evitar la entrega de juguetes y libros a niños de la comunidad. El día 27 de enero fue visitada por los agentes del DSE “Alexei” y “Otto” para comunicarle que está bajo estricta vigilancia y no permitirían actividad alguna, ni que saliera de su vivienda. El 23 de febrero fue detenida durante toda la mañana, y sometida a un interrogatorio. El día 16 de marzo los agentes del DSE “Angel Luis” y “Alexei” la visitaron para advertirle que no permitirían ninguna actividad el día 18 y le comunican que “mejor se esté tranquila” que el expediente que ellos tienen contra ella “les da para 20 años de cárcel.”
Igual es el caso de Lázaro Ricardo Pérez, quien en días posteriores a la fecha del día 6 de enero fue visitado por los agentes de la policía política Ángel González y “Esteban,” comunicándole que tenían conocimientos de su trabajo periodístico y sus denuncias, y de la actividad infantil que realizó en su casa, y que no permitirían una más. Le dijeron que conocían que eran libros y obsequios que les hizo llegar María Elena Mir desde la Habana a nombre de la CONIC y que estaba chequeado y controlado por ellos. El 20 de febrero fue citado para la Unidad Provincial para ser advertido y amenazado por la fecha 24 de febrero. El 24 es detenido por dos horas. El 19 de marzo, tras burlar la vigilancia y realizar una actividad el día antes (en conmemoración del 18 de Marzo), es visitado por los mismos agentes y amenazado e intimidado.
En Nueva Gerona, Isla de la Juventud, dos miembros del sindicato independiente “William Le Santé,” José Vladimir Arana Rosas, director de la Cooperativa Independiente de Ceramistas y Sergio Santacruz Oviedo, fueron detenidos el 24 de febrero por agentes de la DSE.
En Isla de la Juventud, el 19 de febrero, Lázaro Ricardo González Pérez, delegado de la CONIC en el territorio pinero, fue citado por oficiales del DSE para amenazarlo de que no le permitirían la realización de actividad conmemorativa por el 24 de Febrero ni siquiera en su vivienda, y que de contravenir la orden podría ser procesado judicialmente.
En ese mismo municipio Angel Rafael Pagés, Ramón Salazar Infante, Raisa Campanioni y Raydel Pérez Diéguez, del sindicato independiente “William Le Santé,” fueron contactados en sus viviendas el 21 de febrero y advertidos por del DSE de que les estaba prohibido realizar o participar de cualquier acción por el 24 de febrero.
Otros dos miembros más del ejecutivo de la CONIC, Emilio Jerez, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Ligera, y Antonio Rizo Rizo, del Ejecutivo del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Ligera (SITIL), fueron visitados el 24 en horas tempranas por oficiales del DSE para advertirles de que no tolerarían recordatorios sobre los sucesos del 24 de febrero, y que pudieran ser procesados. Anteriormente, Emilio Jerez había sido visitado el día 15 de enero en su casa y amenazado por el agente del DSE “Otto.” El 26 de febrero, camino a la Oficina de Intereses, fue perseguido por una moto. El día 7 de marzo fue visitado por una persona que se hace llamar Fernando, quien le dejó el recado con su anciana abuela de que volvería. El día 18 de marzo su domicilio es vigilado desde temprano durante ocho horas. Emilio denunció que desde julio del año pasado está siendo acosado por miembros de la policía, quienes le piden en la calle casi a diario que muestre su carnet de identidad. Para Jerez está claro que la intención de las autoridades es irritarlo y así provocarlo en una confrontación. “Lo que quieren es que un día no les dé el carnet y así tener motivos para actuar en mi contra,” expresó.
El activista sindical Minaldo Ramos Salgado, Representante de Actividades y Desarrollo de la CTIC, fue detenido en su vivienda el 31 de marzo por agentes del DSE, quienes lo condujeron a la 2da estación policial de Dragones y Zanja, y luego lo montaron en un ómnibus con rumbo desconocido. A su vez, el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba hizo un llamado de alerta acerca de la situación del sindicalista, miembro también de dicha organización. Fue liberado dos semanas más tarde. El 20 de mayo (Día de la Independencia de Cuba, tradicional fecha patria que dejó de celebrarse en el país), Minaldo es visitado de nuevo por el agente del DSE “Tito” y amenazado con la cárcel si continuaba sus actividades sindicales. El oficial acotó que le tenían el municipio Centro Habana “caliente” y que (junto a Carmelo Díaz Fernández) iban a volver a la cárcel para pagar lo que debían de sus respectivas condenas.
Los sindicalistas independientes Raidel Maya y Jesús Cordero Suárez fueron detenidos por agentes del DSE el 8 de junio en plena vía pública, bajo el supuesto delito de que participarían en actividades contestatarias al régimen. Los oficiales “Tito” y “Fabio” los amenazaron que de participar en alguna actividad serían encarcelados, pues ya eran múltiples las ocasiones en que habían sido advertidos.
El Secretario General de la Central Sindical Cristiana (CSC), William Toledo Terrero, fue visitado el pasado septiembre por tres oficiales de la policía política para advertirle que no iban a permitir la realización de más actividades sindicales o reuniones provocativas, ni más denuncias. La visita se produjo a raíz de la planificación de una actividad de la CTIC que se realizaría inicialmente en el hogar del sindicalista, miembro suplente de la Junta Directiva de dicha organización. Los agentes le expresaron: “Conocemos tus pasos y los de Carmelo, así que aconséjense.”
Los sindicalistas independientes Lázaro González Adán y su esposa Marilín Díaz Fernández, miembros de la CONIC, denunciaron que desde finales de julio están siendo objeto de ataques por parte de cuatro vecinos, con conocimiento y consentimiento de las autoridades locales.
José Carlos Ramos, de 29 años, hijo de Rigoberto Ramos Cabeza, miembro del ejecutivo del sindicato independiente “Angel Cofiño,” adjunto a la CONIC, fue multado con 500 pesos cubanos por el teniente de la policía y jefe de sector y decomisada toda su mercancía, sin otra razón que la de ser hijo de su padre, según denuncia la víctima.
Yasmila Yeilenee Machado León fue despedida el pasado julio por la administración del Mercado Estatal Mambí, por “no ser idónea.” La afectada, dependiente del local perteneciente al Ministerio de la Agricultura, está afiliada al sindicato independiente “Vicente García González” afiliado a la CONIC y denuncia que su despido fue causado por su condición de sindicalista independiente y opositora al régimen.
En octubre, la licenciada en Derecho Mariela Cedeño Pérez, taquillera en el Correo Tunas 2 y miembro del sindicato independiente “Vicente García González,” fue expulsada por “no ser idónea y confiable.” Denuncia la afectada que fue despedida por ser sindicalista independiente y opositora.
El sindicalista independiente Justo Javier Sánchez Izquierdo, Secretario General del sindicato independiente Unión Sindical de Trabajadores de Cuba, Ortodoxo, afiliado a la CONIC, quien labora como salvavidas en la playa de Guanabo, fue detenido y acusado de alquilar sombrillas de playas a veraneantes. La acusación no está basada en evidencia alguna, pues no se encontraron testigos o los supuestos clientes, y el acusado no poseía dinero cuando fue registrado al momento del arresto. El sindicalista ha criticado en las reuniones de trabajo el mal funcionamiento de la administración y la sección sindical, además de negarse a pagar la cuota sindical.
El 25 de mayo fueron detenidas en sus domicilios desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde las sindicalistas independientes Madeline Lázaro Caraballo Betancourt y Mirian Espinosa del Valle. El operativo represivo estuvo dirigido por el oficial del DSE “Tamayo.” También ese día fue detenido Jesús Cordero Suárez, secretario general del Sindicato de Conductores de Bici Taxis.
El año pasado se recibió una denuncia de Maira Pérez, estudiante de 24 años e hija del opositor sindicalista Rogelio Pérez Torres, quien fue violada sexualmente en el parqueo de la fábrica de muebles escolares en La Habana. A pesar de que el jefe de los custodios del lugar fue testigo del suceso e interrogado posteriormente, la policía dijo que carecía de testigos. Maira cree que su caso ha sido abandonado por ser hija de un opositor.
El día 28 de enero Isidro Manuel Pérez Cruz, miembro del sindicato independiente “Vicente García González,” fue detenido por protestar el encierro de la periodista independiente Iliana Nápoles Pérez tras una denuncia sobre el entierro de alimentos en el vertedero de Manatí, en ciudad Las Tunas. Días antes, el 20, había sido detenido a causa de una reunión para celebrar la fundación de dicho sindicato independiente.
En agosto, Andy Sava Del Monte, activista del Sindicato Independiente de Comercio y Gastronomía, fue citado a la unidad de la policía donde se le levantó un acta de advertencia por su actividad contestataria, retirándole la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) su permiso de vendedor elaborador de alimentos ligeros.
Ese mismo mes Jerke Rodríguez Alvarez, activista del mismo sindicato, fue citado a la unidad policial, donde se le levantó un acta de advertencia por su actividad civilista. La dirección municipal de la ONAT le retiró la licencia de vendedor de alimentos ligeros.
DESPIDOS Y DISCRIMINACIÓN POLÍTICA EN EL EMPLEO
El testigo de Jehová Daniel Hernández Rodríguez fue separado de forma definitiva de su puesto de trabajo el pasado 28 de julio por negarse a formar parte de una brigada que se encargaría de cobrar los equipos electrodomésticos vendidos por el gobierno al pueblo, dada su creencia religiosa. El despido no contaba con explicación alguna, sólo el epíteto habitual de “no idóneo.” Hernández Rodríguez explicó que desde su comienzo en la empresa ha presentado problemas por no asistir a las reuniones del Partido ni a las actividades políticas—como requiere su creencia—, algo que ha dificultado su vida laboral.
El pasado mayo la opositora pacífica Irania López Borrego fue expulsada de su centro de trabajo en Ciencias Médicas, donde se desempeñaba como Jefa de Recursos Humanos. La directora del lugar, doctora Marisol Mendosa González, le comunicó que no podía continuar laborando allí porque el DSE le había orientado su expulsión. Su esposo Nelson Alberto Ruiz, también opositor, ha resultado igualmente cesanteado. Ambos opositores son el único sustento económico de una núcleo familiar con tres niños.
La joven Liliana Morfi Núñez, de 21 años de edad, miembro de los Círculos Democráticos Municipales de Cuba, del Movimiento Femenino Rosa Parks y de la Fundación Cubana de Derechos Humanos, es habitualmente cesanteada debido a sus ideas y actividades en favor de los derechos humanos. El pasado abril fue despedida de la bodega La Viajera, donde se desempeñaba como dependiente.
En abril de este año la periodista independiente Yudelmis Fonseca Rondón, fue expulsada de su centro de trabajo. La jefa de personal le informó que le dieron baja por órdenes del director y se negó a darle las explicaciones y los documentos correspondientes.
En marzo Damián Alejandro Pereda, de 17 años, hijo del opositor Ramón de Jesús Pereda, fue separado de su puesto de trabajo en la imprenta Alejo Carpentier al negarse a informar a la policía política sobre las actividades opositoras de su padre. La administración del centro argumentó que no era confiable por ser hijo de un ex preso contrarrevolucionario. Damián trabajaba en labores de limpieza. El muchacho también fue amenazado con el índice de peligrosidad pre-delictiva.
Bella Zoila Pérez, de 20 años de edad e hija del opositor Rogelio Pérez Torres, fue sancionada el pasado marzo por dos años de separación del Ministerio de Educación por el simple hecho de presentar una aplicación para un puesto de trabajo mejor remunerado. Bella era en ese momento estudiante de tercer año de Magisterio y ejercía como maestra. La afectada se queja de represión por ser hija de su padre.
Los activistas del movimiento Por Una Nueva República Luis Jesús Gutiérrez, empleado de la Empresa de Medios Opticos y Audiovisuales, y Agustín García, empleado en la campaña contra el mosquito Aedes aegypti del Ministerio de Salud Pública, fueron expulsados de sus centros de trabajo el pasado febrero por participar en una marcha opositora pacífica por las calles del pueblo Santiago de las Vegas. El despido y la cancelación de sus contratos laborales llevaban la observación de que los trabajadores no son fiables debido a sus actividades políticas.
En enero de este año, la doctora especialista en medicina general Carmen Hernández fue amenazada por dos oficiales del DSE con ser separada de su puesto y retirarle el doctorado si continuaba divulgando noticias sobre los problemas que presenta dicho centro médico. Anteriormente, había sido advertida de que no mantuviera relaciones con “elementos contrarrevolucionarios.”
En diciembre del pasado año el disidente Jesús Verdecia Castillo fue expulsado del Complejo Agro Industrial (CAI) Ifrain Alfonso, en Ranchuelo, después de sólo tres días de cubrir el puesto de auxiliar general de fábrica, bajo el argumento de que la plaza había sido solicitada por otros trabajadores. Días antes, durante una reunión efectuada en la sede de la PNR, a Verdecia Castillo le habían amenazado con el índice de “peligrosidad social pre-delictiva” si no laboraba. Ese mismo mes el ex preso político y opositor pacifico Angel Ramón Eireos Rodríguez no sólo fue despedido de su empleo en la finca 0816, sino que fue amenazado con la muerte por el director del lugar. Su hijo también fue despedido.
En noviembre Mayelín Garrido Reyes fue conminada a solicitar la baja de su centro laboral, donde se desempeñaba como fiscala controladora de los procesos penales, por tener vínculos familiares con personas desafectos al gobierno. La fiscala jefa Nelvis Mejías le informó que no tenía otra alternativa que pedirle su renuncia pues el Ministerio del Interior había informado que sus suegros eran opositores al gobierno.
En noviembre del año pasado funcionarios del Ministerio de Trabajo en el municipio Consolación del Sur una vez más negaron el empleo al opositor pacífico Felipe Gil, miembro del opositor Partido del Pueblo. El carpintero y albañil declaró que ya no tiene dónde buscar trabajo y denunció el hecho como una maniobra más del sistema contra los disidentes.
Leonardo Echeverría Soto, auxiliar de limpieza en el Mercado La Ronda, perteneciente al Ministerio del Comercio Interior, fue despedido el pasado noviembre por negarse a cotizar el sindicato y negarse además a contribuir al financiamiento de las Milicias de Tropas Territoriales (MTT), como es exigido a todos los trabajadores de la Isla.
Ese mismo mes, Juan Godoy Polanco, liniero de alto voltaje en la Dirección Municipal de Electricidad, en Pinar del Río, fue despedido por negarse a aceptar la ropa de trabajo, protestando por su mala calidad.
El pasado octubre, y luego de ser detenida por oficiales del DSE, Mirelis Guerra Toyo fue expulsada de la Escuela Primaria Jesús Suárez Gayol, donde se desempeñaba como maestra de cuarto grado, por participar en una reunión de la Fundación Cubana de Derechos Humanos. La directora del centro le ofreció no darle un acto de repudio, y le reveló que la baja sería registrada bajo la causa de ausencias injustificadas.
En septiembre el activista de los derechos humanos Che Fernández Saldívar fue expulsado del taller de reparación automotriz donde laboraba, sin explicación y sin otra opción.
Angel Luis Bernabeu Sosa fue comunicado en septiembre de que iba a ser expulsado de su centro de trabajo, donde ocupa el cargo de Editor de Programas, debido a ausencias injustificadas, a pesar de que se encontraba de vacaciones autorizadas por la jefe de producción y técnica Lucía Chiong. Más tarde el perjudicado hizo una reclamación sobre esto en la Fiscalía Municipal y aún no ha obtenido respuesta. Anteriormente a esta medida había sido víctima de violaciones en su escala salarial.
En Holguín, tras el devastador paso del ciclón Ike, los trabajadores Eyder Germán Graña y Raúl Toledo Hernández fueron amenazados por la administración del Almacén de Víveres Provincial de ser despedidos y puestos a disposición de los tribunales laborales si continuaban planteando que la ayuda para los damnificados recibida en Holguín era poca y mal distribuida.
Según una denuncia del pasado septiembre, la administración de la Escuela Primaria Raúl Grimau, en Pinar del Río, le negó la solicitud de empleo como profesor a Juan Antonio Padrón Ruiz, argumentando que era un “contrarrevolucionario” e hijo del ex preso político Omar Padrón, quien cumplió cinco años de prisión por el delito de “propaganda enemiga.”
En agosto del pasado año Raúl Torres Gómez de Cádiz Sierra fue separado de su trabajo por “no mantener una buena conducta con la Revolución,” ya que, además de negarse a participar en las actividades políticas y sindicales, no cotizaba, y pertenecía a una organización contestataria (Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo). La separación fue firmada por Abel Bruff Guilarte.
A José Guerra Soa, afilador de tijeras ambulantes, le fue retirada la licencia de trabajo, alegándose su posición contestataria al gobierno. El trabajador por cuenta propia tiene 70 años de edad y sólo cuenta para su manutención con la insuficiente pensión de subsidio que recibe por las tierras que le fueron confiscadas por el Estado 15 años atrás.
A Raúl Valdés Suárez se le retiró la licencia que lo autorizaba a trabajar como jardinero particular, se le impuso una multa de 500 pesos en moneda nacional y se le levantó un expediente por “peligrosidad,” alegándose en su contra que el trabajador por cuenta propia facilitaba su casa para la realización de actividades contrarrevolucionarias, y que parte del dinero que percibía por su trabajo lo dedicaba a financiar estas actividades.
En septiembre del pasado año la Junta de Dirección de la CCS Bahía Honda Pinar del Río, perteneciente a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, decidió castigar al campesino José López Álvarez, retirándole el permiso para trabajar las 11 hectáreas de tierra que se le habían dado para el cultivo de viandas y hortalizas, argumentando que parte de la producción (la que correspondía para autoconsumo) la dedicaba para ayudar a algunas familias de presos “contrarrevolucionarios.”
Al trabajador por cuenta propia y miembro del Partido del Pueblo Cubano Catalino Díaz Rivera se le retiró la licencia que lo autorizaba a trabajar como zapatero remendón, argumentando las autoridades que su pertenencia a una “organización contrarrevolucionaria” le impedía continuar trabajando por cuenta propia.
En enero Andy Sáez del Monte, miembro del ejecutivo de la Central Sindical Cristiana, fue amenazado que de continuar realizando denuncias sobre violaciones de los derechos socio laborales le sería retirada la licencia de trabajador por cuenta propia que le permite ejercer como barbero. Andy fue visitado por la presidente del CDR y el jefe del sector de la policía en la circunscripción, quienes le aseguraron que mientras no se aparte de los grupos disidentes no podrá laborar. Esta es la segunda visita amenazadora que recibe el sindicalista.
CONCLUSIÓN
No se observan cambios en la situación laboral y sindical, en el país persiste el sistema de sindicato único, sigue sin haber libertad sindical, y la negociación colectiva y el derecho de huelga no están reconocidos en la ley. El gobierno continúa haciendo caso omiso a las solicitudes de reformar el Código del Trabajo, tampoco han procedido con las recomendaciones del caso 2258 de la OIT.2 Los sindicalistas independientes continúan siendo perseguidos, detenidos, amenazados, sus comunicaciones interceptadas y cinco líderes sindicales independientes condenados a largas penas de prisión en el 2003, permanecen en la cárcel.
Los hechos aquí expuestos relatan claramente los cotidianos atropellos a los que son sometidos los trabajadores cubanos, y el absoluto desconocimiento por parte del gobierno de los instrumentos internacionales promotores y garantes de los derechos humanos, así como a las Convenciones Internacionales fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.
El GIRSCC cree firmemente en la universalidad e irrenunciabilidad de estos principios, y que deben tener supremacía sobre cualquier identidad ideológica. Los trabajadores y el pueblo de Cuba precisan la activa solidaridad internacional.
FUENTES DE INFORMACION
Prensa independiente de Cuba
Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba
Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba
Centro Nacional de Capacitación Laboral
Encuentro en la Red
Reporteros sin Fronteras
Confederación Sindical Internacional
Organización Internacional del Trabajo
Periódico Trabajadores
Periódico Granma
Tomado de las siguientes páginas digitales:
cubasindical.org
cubanet.org
payolibre.com
cubaencuentro.com
FOOTNOTES
1. Confederación Internacional Sindical, Informe Anual sobre las Violaciones de los Derechos Sindicales 2009, http://survey09.ituc-csi.org/ survey.php?IDContinent=0&Lang=ES.
2. “Caso Número 2258, Informe Número 334: Queja contra el Gobierno de Cuba presentadas por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) apoyada esta última por la Confederación Mundial del Trabajo (CMT),” http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/.
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