Estos comentarios están basados en el trabajo escrito por José Manuel Pallí sobre la ley de inversión extranjera y en su presentación oral en la conferencia. Aunque distintas, no hubo incongruencias entre las dos versiones y los comentarios que siguen tratan de cubrir los puntos más salientes de ambas.
El trabajo de Pallí sobre la nueva ley de inversiones extranjeras en Cuba presenta una serie de proposiciones con las que estoy muy de acuerdo y otras sobre las que discrepo ya que aparentemente partimos de premisas distintas o supuestos divergentes. De entrada debo indicar la gran importancia de este trabajo por enfocarse en cuestiones que son de indiscutible trascendencia y actualidad en Cuba en el marco del proceso de reformas que se está llevando a cabo en la isla, estemos de acuerdo o no con sus conclusiones. En mi opinión, el trabajo comienza de una manera muy encomiable al plantear de manera explícita la cuestión de los beneficios que puedan derivarse de la inversión extranjera en Cuba para la sociedad en su conjunto. Esta es una cuestión crítica que debe tomarse en cuenta en cualquier evaluación de políticas públicas, especialmente en Cuba, donde no existen las condiciones para que este tipo de intercambio pueda llevarse a cabo libremente por la población, que representa al fin y al cabo, el conjunto de los beneficiarios potenciales de dichas políticas.
Otro aspecto encomiable en el trabajo de Pallí es su cuestionamiento de la exclusión expresa de la inversión extranjera de participar en el depauperado sector de la vivienda en Cuba. Como es lógico, siguiendo el principio de que las inversiones debieran tener algún impacto positivo en el bienestar de la población, Pallí observa la contradicción en la ley mientras hace una acertada comparación con una legislación mexicana similar. A mi modo de ver, la exclusión de la vivienda se debe a que el gobierno cubano, que se puede razonablemente suponer más interesado en estabilizar la situación económica del país y reducir su dependencia crónica de los subsidios externos que en el bienestar de la población, enfoca la ley en el desarrollo del sector externo dejando al doméstico casi totalmente afuera.
De hecho, por diseño, la ley de inversión extranjera crea las condiciones para un nuevo dualismo en la economía nacional, lo cual puede tener consecuencias difíciles de evaluar por anticipado. Otra explicación de la exclusión del sector vivienda es la de mantener la dependencia de la población cubana del gobierno, minimizando en lo posible sus contactos con entidades extranjeras. Las inversiones extranjeras en viviendas eliminarían — o por lo menos reducirían — el poder monopolístico del estado cubano en este sector, lo que a la vez debilitaría su control político sobre la población.
En la discusión sobre el balance que debe existir entre los intereses de los inversionistas extranjeros y los de la población cubana, Pallí no reconoce el papel de un indispensable tercer jugador, o sea, el gobierno cubano. En el caso de Cuba, donde el gobierno juega un papel preponderante en todos los sectores y ámbitos de la sociedad, es necesario reconocer primero de nada que el gobierno no sólo es parte del juego si no también es el árbitro. Esta asimetría condiciona los parámetros dentro de los cuales se puede buscar el balance que Pallí correctamente señala, pero cabe preguntarse ¿En qué consiste ese balance? ¿Cómo se logra? El gobierno cubano está constituído por individuos, con sus propios intereses personales, independientemente del discurso oficial y no hay razones para pensar que esos individuos, que no han sido libremente escogidos por la población para representar sus intereses van a tener dichos intereses en cuenta en la implementación de la ley de inversiones extranjeras.
En el trabajo Pallí plantea un desafío a “los expertos” que hablan de los factores que inducen a los inversionistas a tomar los riesgos de asignar determinados recursos en Cuba. Aquí Pallí debiera ofrecer su propuesta de criterios adecuados y no dejar la idea inconclusa. ¿Cuáles son los elementos que atraerían las inversiones a Cuba? Yo creo que una buena primera aproximación a una respuesta (en realidad, la respuesta clásica) sería una tasa de retorno esperada compatible con el nivel de riesgo que los inversionistas puedan percibir dadas las condiciones en que opera la economía cubana. Esto por supuesto excluye inversiones de gobiernos extranjeros donde puedan primar elementos políticos y geopolíticos que no se toman en cuenta en este análisis.
La afirmación de que la ley cubana de inversión extranjera está enfocada en el desarrollo económico y social del país es muy discutible. La misma contradice el propio reconocimiento de Pallí de que la ley establece al gobierno como intermediario en la contratación entre los trabajadores cubanos y sus empleadores extranjeros, lo cual en si mismo es una anomalía de mayor envergadura. No hay que descartar que la ley pudiera lograr algunos beneficios para la sociedad cubana, pero no debe olvidarse que el gobierno cubano no se ha caracterizado por darle una alta prioridad al bienestar de la población en sus agendas de políticas públicas.
Mi mayor discrepancia con el trabajo de Pallí se refleja en que mis hipótesis de trabajo son divergentes de las que aparecen en el ensayo en cuanto a la naturaleza del estado y gobierno cubanos, específicamente su grado de compromiso con el bienestar de los cubanos. Por ejemplo, como yo lo interpreto, el trabajo implica expectativas optimistas sobre la Asamblea Nacional del Poder Popular como un mecanismo constitucional que puede ser utilizado para consultar al pueblo sobre sus intereses. Creo que tal proposición sólo pudiera ser cierta en teoría, basada en las leyes escritas. En la práctica, no creo que Cuba se caracterice por tener un estado de derecho que haga cumplir la letra de sus leyes, o una sociedad regida por el imperio de la ley, que me parece una traducción más cercana al concepto de The Rule of Law dicho en inglés.
Pero independientemente de la normativa jurídica cubana, creo que es importante tener en cuenta en todo análisis de las políticas públicas del gobierno cubano, que las personas a cargo de la administración pública no se desvelan por servir los intereses de su pueblo. O sea, los gobernantes cubanos no son ángeles. Creo que así lo ha demostrado la trayectoria de ese gobierno, cuyos dirigentes han estado a cargo de los asuntos del país por más de medio siglo.
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