Ante todo quiero reconocer el enorme valor tanto del documento “Itinerario de Reflexión sobre un Pensamiento Económico para Cuba” preparado por el Centro de Formación Cívica y Religiosa de la Diócesis de Pinar del Río, como del gesto de sus integrantes y autores al reunirse y pensar organizadamente en el futuro de Cuba en medio de tantas circunstancias adversas. Este esfuerzo representa un verdadero canto a la capacidad humana para pensar libremente aún cuando está rodeada de toda suerte de restricciones y amenazas a la libertad individual. Hay en ese gesto una forma callada pero profunda de heroísmo que será ampliamente reconocida en el futuro por la historia. Estas mujeres y hombres no tuvieron muchas oportunidades de trabajar a plenitud por el bienestar de sus conciudadanos, no se dejaron amedrentar por las condiciones de su entorno, pero tuvieron la audacia, el coraje y el amor al prójimo para encontrar un espacio donde expresar lo que piensan sobre el bienestar de su patria.
Mi intención en los comentarios es la de añadir al proceso de reflexión, contribuyendo los conocimientos que creo tener y mi experiencia en la aplicación de los principios de la ciencia económica, práctica que comenzó en Cuba mi país natal entre los años 1960 y 1967 trabajando como planificador y analista estadístico sucesivamente en el Instituto Nacional de la Industria Turística (INIT), la Junta Central de Planificación (JUCEPLAN) y el Ministerio de la Industria Azucarera (MINAZ). Por estas razones, no tengo tiempo tampoco de poder documentar ahora muchas de las cosas que propongo, ni apoyarlas con referencias bibliográficas adecuadas. Espero poder hacerlo en una segunda versión de este trabajo.
ANÁLISIS DE LA REALIDAD ECONÓMICA
Primero quiero referirme a la “Primera Etapa: Análisis de la Realidad Económica” del documento. En mi opinión casi todos los puntos comprendidos en los acápites “Políticas Económicas,” “Métodos,” “Resultados,” “Prioridades” y “Desaciertos” son válidos pero obedecen a la naturaleza misma del régimen establecido en Cuba, sobre lo cual comentaré a continuación. Después expondré mis discrepancias con los puntos de la sección “Aciertos” lo cual haré punto por punto.
Creo que es importante examinar la economía cubana desde otro ángulo muy distinto al que vemos usualmente. Lo que hoy llamamos economía cubana, ese conjunto amorfo, inconexo y poco dinámico de empresas y otras organizaciones que se encargan de producir lo que los cubanos consumen, lo que el gobierno gasta, más lo que se exporta a otros países es el resultado de un programa oficial primordialmente dedicado a maximizar la influencia internacional del jefe de gobierno. Virtualmente toda la economía cubana está dedicada a implementar una agenda personal que requiere asignar la mayor parte posible de los recursos del país a perseguir objetivos totalmente divorciados de los intereses individuales de los cubanos. En rigor, el gobierno cubano nunca formuló un plan coherente de desarrollo económico para el país, a pesar de las declaraciones. Es imperativo reconocer que la economía cubana no es ni nunca fue una economía socialista, aunque adoptó algunas de sus formas de organización para distraer la atención de, en primer lugar, aquellos cubanos que creyendo en el socialismo, esperaban un sistema que mejoraría sus niveles de vida y la justicia social en Cuba y, en segundo lugar, el visto bueno de aquellas fuentes internacionales de recursos necesarios para la agenda oficial y que no podían ser suministrados por una economía tan pequeña como la nacional. El programa de gobierno estaba enfocado en maximizar la estatura y la presencia internacionales del líder máximo mientras se adoptaban todas las medidas necesarias para perpetuarse en el poder.
Posiblemente la evidencia más sólida del desinterés en el desarrollo económico radica en el abandono tácito, nunca hecho oficial, del Plan Cuatrienal 1962–1965 elaborado por la Junta Nacional de Planificación en 1961. Dicho plan intentaba consolidar los planes de los organismos centrales del estado, ya entonces a cargo de las empresas acabadas de socializar, pero el jefe de gobierno nunca lo respetó ni lo sometió a un proceso organizado de revisión, evaluación y modificación. A pesar de toda la propaganda oficial, los discursos y las formas de operación de los organismos estatales, no se puede afirmar que la economía cubana se regía por una planificación como era lo tradicional de las economías socialistas. El esfuerzo en que el gobierno embarca al país en el siguiente lustro para alcanzar una zafra azucarera de 10 millones de toneladas en 1970, acaba supeditando toda la economía a planes formulados personal y caprichosamente por el jefe de gobierno. Mientras tanto, la capacidad productiva de la economía cubana iba decayendo y el país comenzaba su dependencia crónica de los subsidios soviéticos para mantener un equilibrio entre la oferta y la demanda agregadas que se necesitaba para cubrir el consumo mínimo de la población y el gasto gubernamental del cual se sabe muy poco.
En resumen, la economía cubana ya desde los años sesenta representa una desviación considerable de lo que en teoría sería la economía socialista construída sobre preceptos marxistas o marxistas-leninistas. De hecho, tanto “las fuerzas productivas” como “las relaciones sociales de producción,” usando la nomenclatura de Marx, heredadas de la economía capitalista cubana sufren un severo retroceso a pesar de que era lógico suponer, como lo hicieron muchos viejos socialistas cubanos, que ambas servirían de base para el desarrollo económico del país bajo un marco socialista. El resultado de este engaño tan bien orquestado es un sistema económico increíblemente primitivo donde el jefe de gobierno opera virtualmente como el dueño único de todo el país, como se pone de manifiesto en sus decisiones y la manera en que llega a ellas y las pone en marcha. Y junto con las organizaciones del gobierno, el Partido Comunista y sus diversos órganos, así como entidades como la Asamblea del Poder Popular forma parte de un tinglado inoperante en la práctica y, por lo tanto, insignificante, por lo menos mientras el actual jefe de gobierno, que fue quien montó el sistema debido a su autoridad y poder personal, se encuentre al frente del mismo.
En este marco analítico, es necesario comprender que la economía ha sido utilizada por el jefe de gobierno como un instrumento de control ciudadano, por medio de la reducción de sus libertades y como un fondo del cual extraer recursos para apoyar empresas internacionalistas costosas sin el apoyo explícito de los demás cubanos, ni siquiera de los organismos del gobierno o del partido. Quiero subrayar que uso el término libertad en plural para denotar que existe una amplia gama de grados de la misma, gama que el gobierno ha manejado e ido reduciendo casi imperceptiblemente (para evitar cambios traumáticos y por ende disminuir la probabilidad de una crisis o sublevación popular). La reducción de los grados de libertad posiblemente ha llegado a su máxima expresión en los momentos actuales. El racionamiento de los bienes de consumo, que se instituyó en Cuba en 1962 bajo el pretexto de que el país necesitaba maximizar sus gastos de capital y por lo tanto necesitaba minimizar su consumo para poder hacer crecer su economía a tasas muy elevadas, no fue otra cosa que un mecanismo de control y vigilancia de los cubanos. Además, en la medida que los cubanos tienen que usar una gran parte de su tiempo en líneas de espera de todo tipo, en transporte y en la búsqueda de casi diaria de alimentos, casi no queda tiempo para otra cosa que no sea la subsistencia. Todo un mecanismo con partes muy bien interconectadas que puede catalogarse de lo que yo llamo la tecnología del totalitarismo.
Por todas estas razones yo pienso que es un serio error hablar de los errores e ineficiencia del gobierno.
Prácticamente todos los puntos de los cinco acápites mencionados encajan en esta visión de la economía cubana. La misma fue deliberadamente montada (aunque de manera improvisada, irresponsable y descuidada) por el jefe de gobierno porque su agenda así lo requería. Cada uno de los puntos mencionados, que repito son correctos, son aspectos del mismo diseño caprichoso de una economía que ni siquiera le ofrece a los cubanos los frutos mediocres de un socialismo tomado en serio. Por supuesto que no todas las cosas salieron como el jefe de gobierno quería. A pesar de todo su poder, el gobierno cubano también está sujeto a la “ley de las consecuencias no intencionadas.” Por ejemplo, el mercado negro es algo que el jefe de gobierno puede considerar indeseable, sin saber que muchos de sus colaboradores lo necesitan para contrarrestar las limitaciones en materia de consumo. Lo mismo puede decirse de la corrupción endémica que sufre el país, especialmente en sus empresas estatales. Al leer los puntos de los “desaciertos” del documento vemos los resultados naturales de una economía montada con fines ajenos a los intereses ciudadanos. Por ejemplo, el punto 2 donde se afirma que “se hacen inoperantes las medidas económicas…” es enteramente congruente con una política donde el desarrollo económico de los cubanos no es deseable. El punto 3, “se impide el desarrollo de la ciencia y la técnica” es resultado de la necesidad de restringir las libertades individuales, en áreas como las comunicaciones, en especial el acceso a Internet, etc.
En función de esta interpretación de la naturaleza de la llamada revolución cubana es claro comprender que para el jefe de gobierno sería absolutamente inconfesable e impensable descubrir públicamente su verdadera agenda. Dicha agenda tuvo bastante éxito mientras existió la Unión Soviética y suministró grandes subsidios a la economía cubana. Nótese que a pesar de la cuantía de los mismos, prácticamente no ha quedado nada en términos de nuevas capacidades instaladas o formación real de capital. De hecho hay muchas indicaciones que Cuba se ha ido descapitalizando en los últimos cuarenta y ocho años. Una buena parte de los subsidios se utilizaron en financiar y dar apoyo logístico a las empresas militares o subversivas del gobierno cubano en otros países, especialmente en América Latina y en Africa. En los años setenta Cuba llegó a tener varias divisiones de soldados, equipo blindado, aviones y artillería en varios países africanos. Ningún otro país en el mundo ha tenido tal poderío militar en ese continente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo Estados Unidos.
Insistir en los errores del gobierno cubano es equivalente a darle el beneficio de la duda, al mismo tiempo que precluye las acciones que pudieran contribuir a desmantelarlo si los cubanos tuvieran una comprensión más precisa y cabal del fenómeno que les ha tocado vivir. De hecho, el mismo término revolución aplicado al proceso de desmantelamiento y saqueo nacional que comienza en 1959 carga la sutil implicación de que fue un proceso reformista para mejorar algo en el país. Esta consideración es importante también porque hay muchos cubanos que todavía creen que el socialismo bien organizado puede rendir frutos y resolver los dilemas clásicos entre el bien común y el individual. No se dan cuenta de que una vez que se crea un estado poderoso bajo la ilusión que el mismo puede resolver todos los problemas económicos y sociales de un país, se crea una maquinaria cuyo poder es fácilmente usado para limitar las libertades ciudadanas por los mismos intereses personales de los que ostentan ese poder. Es una forma de privatizar el estado desde adentro, clandestinamente, sin que la población esté consciente del proceso. Por eso es indispensable controlar todos los medios de comunicación, para poder operar en un estado de oscuridad absoluta en los asuntos públicos.
Pasemos ahora a analizar los puntos de la sección de “aciertos.” El primer punto afirma que Cuba se desarrolló técnica y científicamente en parte por la ayuda que recibió del campo socialista. Yo creo lo contrario. Independientemente de que hubo algunas importaciones en este sector, el aislamiento de Cuba del resto del mundo, especialmente de Estados Unidos, le impidió obtener los adelantos que han proliferado en todo el mundo en materia de electrónica, comunicaciones, biotecnología, transporte, etc. Los indicadores muestran un cuadro lamentable en un país que alardeaba de ser consumidor puntero de cuanto adelanto se ponía de manifiesto en el mundo. Grandes ejemplos de esto lo constituyen la introducción del ferrocarril, la televisión en blanco y negro y a colores y la medicina. El problema es que afectados por el enorme aislamiento en que los mantiene el gobierno cubano, los cubanos han perdido el estándar comparativo de antaño por falta de información, oportunidades de viajar y acceso a las fuentes de intercambio.
La seguridad social no ha alcanzado un nivel satisfactorio si se le compara con lo que han obtenido otros países en América Latina sin necesidad de un estado totalitario ni subsidios externos o, mejor todavía, si se le compara con lo que Cuba estaba en camino de lograr aún bajo un crecimiento modesto de su economía. El problema de la seguridad social en Cuba hay que examinarlo en una perspectiva de largo plazo, para darnos cuenta de lo grave de la situación que afectará al país en un futuro cercano como resultado del profundo envejecimiento de la población y su baja tasa de fertilidad. La población cubana en la isla está empezando a mostrar un estancamiento demográfico y pronto estará decreciendo, lo que hará que la población trabajadora tendrá una enorme carga que sobrellevar manteniendo a una proporción enorme de personas jubiladas. Esto también implica una transición epidemiológica con graves consecuencias para el país, especialmente para sus servicios de salud. El gobierno cubano no ha dado muestras de preocupación al respecto.
La “aplicación de políticas de inmediatez” no es precisamente un acierto, sino una necesidad que resulta de la eliminación de toda forma de iniciativa privada tanto con fines de lucro como con otros fines, caritativos, religiosos, culturales, etc. Esto forma parte de un sistema de gobierno y de organización del estado para maximizar la dependencia ciudadana del estado y de los gobernantes, con la esperanza de que los cubanos estén agradecidos y se comporten dócilmente ante el estado paternalista y benefactor. Lo mismo se puede decir del siguiente “acierto.” Cuando es el estado el que se convierte en redistribuidor de los bienes de la nación es porque ha alcanzado un poder tal que puede hacerse cargo de semejante función. Ese no debe ser el papel del estado en una sociedad libre. El estado no distribuirá los bienes en función de los intereses ciudadanos sino en función de los intereses de los políticos y los burócratas. Los cubanos tienen que superar la noción ilusa de que “el estado” es un deus ex machina manejado por ángeles. El estado no es otra cosa que un sistema manejado por individuos que tienen intereses privados y que usan y pueden llegar a abusar sus posiciones con fines egoístas, no altruistas.
Las inversiones en policlínicos, escuelas, etc. fueron posibles por los subsidios soviéticos para distraer la atención y comprar el apoyo de ciudadanos desinformados y descriteriados. Hoy Cuba no resiste una comparación en estos aspectos con casi ningún país de América Latina, con la posible excepción de Haití. Su mayor ganancia puede que esté en la calidad del docente y, posiblemente todavía, en la calidad del personal de la salud, pero eso es en gran parte debido a que los estándares pre-revolucionarios se mantuvieron. Lo que sí puede apuntarse como un acierto en estos sectores es la expansión de la cobertura educativa y la de los servicios primarios y preventivos de salud.
No comprendo el significado de “reducir los gastos en las tribunas abiertas.”
La “identificación y priorización de renglones económicos” es una tarea que corresponde al sector privado. La experiencia histórica e internacional enseña que rara vez el estado hace esta labor eficientemente. Nuevamente, como argumenté antes, el estado hace estas cosas porque ha desplazado todas las otras iniciativas. Es cierto que el estado puede participar en el desarrollo de ciertas industrias o actividades económicas mediante políticas parecidas a la de los llamados “tigres asiáticos” pero el papel predominante lo juega el sector privado. La experiencia del estado cubano ha sido nefasta en el desarrollo de ciertas ramas, incluso mucho peor que la tradicionalmente ineficiente gestión de los otros estados socialistas.
VISIÓN ÉTICA PARA EL FUTURO
El objetivo de la Segunda Etapa es el de definir una “visión ética” que serviría de base para evaluar proyectos económicos de acuerdo a una escala de valores. De este modo se listan 13 objetivos en una escala de valores que requiere mucha más definición y trabajo analítico.
Aunque encomiables en términos generales y dejando ver la preocupación de los autores o participantes sobre el deseo común que la economía del país esté al servicio los intereses del ser humano, muchos de los conceptos están planteados de una manera vaga. Por ejemplo, el concepto de subsidiaridad no está claro. El de apertura no tiene sentido como está planteado pues “indica la posibilidad de aprovechar la riqueza que existe entre lo interno y externo. Lo cerrado conduce al inmovilismo, lo abierto al dinamismo.” ¿Qué se entiende por lo interno y lo externo, por lo cerrado y lo abierto? El quinto concepto suena muy bien, pero ¿cómo se logra el bien común? ¿Qué es el bien común? ¿Cómo se define rigurosamente? ¿Cómo se logra que cada miembro de una sociedad libre se comporte en función del bien común, como quiera que se defina? El sexto se enfrenta al mismo problema en la “búsqueda del bien común”. Yo creo que en este punto es bueno aclarar que una economía de mercado, razonablemente organizada en torno a un estado de derecho que funcione y en un contexto democrático y de libertades individuales plenas, sin ser el paraíso, es hasta hoy el mejor sistema que la humanidad ha inventado para satisfacer los intereses del ser humano. Hay que evitar caer en la tentación y en el error de que cuando esa economía no resuelve todos los problemas comenzamos a proponer soluciones intervencionistas por la via del estado o de algún deus ex machina.
En la lista de 25 “criterios de juicios” se postulan algunos criterios que son elementales, como el primero que establece que “la persona humana debe ser centro y fin de la vida económica y social.” Del mismo modo hay planteos que son deseables, como los de los puntos 4, 5, 17 y 18. Otros expresan un cierto grado de confusión en el manejo de conceptos económicos como es el caso de los puntos 11, 13, 24 y 25. Sin embargo, la lista presenta algunos problemas importantes, pues a unas indefiniciones se unen incongruencias o contradicciones entre algunos de los criterios, además de que algunos de ellos son cuestionables como elementos éticos de juicio. Un ejemplo de indefinición (que no se resuelve en ninguna otra parte del Itinerario) se encuentra en el punto 2 donde se afirma que “el estado debe participar en la economía como regulador de las relaciones económicas.”
El papel del estado, especialmente en presencia de la experiencia cubana de estos últimos cincuenta años, es demasiado importante para definirse con una sola oración. ¿En qué consiste el papel regulador? No se menciona el papel del estado en la producción de los bienes públicos, que sería su misión primordial en una democracia y una economía de mercado. Dependiendo de cómo se interprete el papel “regulador,” Cuba pudiera acabar con un estado intervencionista que impida la recuperación y el desarrollo económico del país en el futuro.
En el punto 3, tácitamente se plantea que el estado debe hacerse cargo, aunque aclara “en lo posible” de “las necesidades de los que no tienen las mismas oportunidades,” pero ¿quién determina la diferencia entre desigualdad de oportunidades y otras formas de desigualdad? El punto 7 es, en mi opinión, el más polémico de todos cuando propone la participación de los trabajadores en las decisiones de las empresas donde trabajan, además de la participación de los mismos en las utilidades que se generan en los respectivos procesos productivos. Las empresas no pueden operar como si fueran democracias en un ambiente competitivo sin correr el riesgo de desaparecer. Los trabajadores pueden participar en las utilidades siempre y cuando posean acciones sobre las empresas, pero en general esta no es una práctica aconsejable porque eleva el nivel de riesgo del trabajador en depender de una sola empresa tanto para su trabajo como para sus ahorros. Lo más aconsejable es que el trabajador invierta sus ahorros y sus fondos de pensión en otras empresas, sobre las cuales podrá tener poderes directivos como miembro de las respectivas juntas de accionistas.
El punto 9, que expresa el deseo de que haya una sola moneda circulante, no es un criterio ético sino más bien técnico. El punto 10, además de encerrar una contradicción entre la libre iniciativa y la inversión extranjera, sugiere de nuevo un papel indebido para el estado, lo cual tampoco debe listarse como un criterio de valor, proponiendo sin definir una función reguladora sobre la inversión extranjera y recomendando el control de los movimientos de capital, lo cual es contrario a una economía de mercado. En el punto 12 hay una contradicción entre la búsqueda de los mayores niveles de rentabilidad y el cuidado del medio ambiente. La maximización de la rentabilidad, en una economía competitiva, es una condición sine qua non de las empresas que en ella operan. No tiene sentido listar la maximización de la rentabilidad como si fuera un objetivo ético, ya que es una condición operativa de las empresas privadas.
El punto 20 no tiene cabida en una economía de iniciativa privada como se propone en el punto 10. El objetivo de redistribuir la riqueza lo más equitativamente posible promueve la expectativa de que se cree (¿quién, el estado?) algún mecanismo capaz de llevar a cabo la redistribución, lo cual haría regresar al país a los poderes omnímodos del estado socialista. Por otro lado la doctrina de “salarios justos” se basa en un concepto obsoleto y contrario al de una economía de mercado donde los salarios tienden a equipararse al valor de la productividad marginal del trabajo cuando se opera bajo la libertad de los mercados de trabajo. El punto 23 plantea el criterio de que un “marco legal adecuado” garantice “el desarrollo sostenible.” Esto es posible. Un marco legal como el que deberá tener Cuba podrá facilitar el desarrollo del país, pero nunca garantizarlo.
OBJETIVO GENERAL PARA EVALUAR PROYECTOS ECONÓMICOS
La Tercera Etapa del Itinerario está centrada en “dos valores determinantes” para evaluar proyectos económicos. Uno es “la primacía de la persona humana en todo proyecto económico.” El otro es “la búsqueda del bien común.” Ambos se plantean como resultado de discusiones entre los participantes del “Itinerario de Reflexión” pero sin mayor discusión o elaboración. El primero es obvio; ninguna economía basada en la libertad de la “persona humana” ignora la primacía de la misma en sus diversas actividades. Sin embargo creo que es aconsejable apuntar que esa primacía se logra cuando un estado de derecho garantiza las libertades individuales y los derechos de los ciudadanos. O sea, en una sociedad libre son precisamente las personas las que están a cargo de que la economía les dé la primacía que se desea. La primacía no debe venir del reconocimiento del estado o de las empresas, sino del individuo mismo que tiene el poder de usar su libertad para elegir en función de sus intereses. Sin este enfoque, la primacía de los intereses de las personas dependería del reconocimiento de otras entidades y la economía estaría organizada sobre una concepción paternalista.
Sobre “la búsqueda del bien común” creo que hay que señalar que el bien común es una abstracción que no existe por sí sola, sino por medio de la agregación de los bienes individuales, los cuales pueden ser contradictorios y antagónicos. El planteo de este concepto generalmente acarrea la interpretación de que una autoridad superior o árbitro podrá decidir cuándo una actividad dada satisface o no el bien común. Esto implica que hay un bien común diferente, divergente del bien individual o hasta incompatible con el mismo. O, lo que es peor, que el bien individual hay que supeditarlo a un supuesto bien común o a la razón de estado. Otra cosa es hablar sobre lo común entre los bienes individuales correspondientes a las personas o familias. En este punto hay que estudiar la extensa bibliografía existente y que se ha ido acumulando por muchos años por diversos investigadores. Es también importante advertir que el bien individual, como “agregando” (no sumando) del bien común no es un concepto para ser definido separadamente del individuo. En una sociedad libre, el bien individual es definido por el individuo mismo, nadie lo define por él. El bien individual es, por lo tanto, resultado de sus preferencias como consumidor, las cuales pueden gustarnos o no además que pueden afectarnos o no por medio de lo que en teoría económica moderna se conoce como externalidades tema sobre el cual debemos tener en cuenta los trabajos de Ronald Coase y sus seguidores.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EVALUAR PROYECTOS ECONÓMICOS
Los objetivos específicos enunciados en la Cuarta Etapa incluyen muchos encomiables y otros discutibles y casi todos requiriendo mayor definición. Por ejemplo, el primero, “trabajar para que la economía cubana sea competitiva” es deseable, pero ¿quién hace el trabajo? ¿De qué y quiénes depende que se logre ese objetivo? ¿De qué competitividad estamos hablando, de la externa (con relación a las empresas de otros países) o de la interna (con relación a otras empresas domésticas)? Estos temas deben ser discutidos ampliamente para saber cómo deben crearse las condiciones que propicien y logren tal objetivo. La competitividad es una condición concreta de las empresas productivas, tanto en la esfera de los bienes como en la de los servicios. Pero las empresas deben operar en un ambiente propicio a la competitividad.
Concentrémonos brevemente en la competitividad externa. Primero hay que tener en cuenta que muchas empresas domésticas no querrán competir con empresas extranjeras y pedirán protección para poder sobrevivir la competencia extranjera bajo las excusas tradicionales de “competencia desleal,” necesidad de proteger la “industria incipiente” y la necesidad de proteger empleos y capitalistas nacionales. Los gobiernos y las sociedades que sucumben a tales argumentos aplican trabas al comercio exterior que acaba distorsionando la economía interna y obstaculizando su desarrollo. Posiblemente el factor número uno que determina la competitividad de las empresas es su capacidad de competir con otras en condiciones de igualdad ante la ley y con plena libertad de acceder a los mercados correspondientes, tanto los de bienes como los de factores (trabajo y capital). Pero la competitividad externa puede ser dañada por políticas o condiciones internas adversas. Por ejemplo, un monopolio estatal eléctrico o telefónico con tarifas excesivamente elevadas aumenta el costo de operación de todas las industrias y reduce su competitividad de costos. Un país con legislación laboral excesivamente paternalista pero irrealista a favor de los trabajadores puede elevar el precio de la mano de obra hasta niveles que desestimulen la inversión nacional y la extranjera, disminuyendo la capacidad de creación de empleos y el nivel de vida de los trabajadores, precisamente aquéllos que tal legislación intenta beneficiar.
Hay muchos otros factores que propician la competitividad de las empresas, como son la estabilidad de las políticas macroeconómicas, especialmente la monetaria y la fiscal; las garantías contractuales dadas por un sistema de administración de justicia eficiente y eficaz; las facilidades de crédito y de financiamiento; la estabilidad de los suministros; etc. Pero dadas todas estas condiciones, la competitividad de las empresas depende en última instancia de ellas mismas, de su capacidad para manejarse en medio de la incertidumbre de mercados que cambian continuamente, de enfrentarse o de desarrollar nuevos productos o nuevas tecnologías, de saber contratar personal competitivo, de saber despedir personal ineficiente, etc. Es también importante tener en cuenta que la competitividad de una economía depende de su capacidad para que desaparezcan las empresas que no son competitivas por su cuenta. Tratar de mantener o de proteger empresas que no son competitivas significa crearle a alguien, generalmente al estado y a los que pagan impuestos, una carga que desvía recursos hacia actividades improductivas, evitando que esos recursos se dediquen a actividades productivas.
La competitividad interna depende también de las propias empresas pero el estado tiene que velar por evitar prácticas monopolísticas como la colusión de empresas para fijar precios evitando la competencia en desmedro de los intereses de los compradores. Otras prácticas son el desarrollo de monopolios de intermediación de productos agrícolas, el desarrollo de otros monopolios como el de transporte de carga y de pasajeros, tan común en América Latina, la penetración de pandillas de extorsionistas (crimen organizado) en ciertos sectores de la economía) los estibadores y otras actividades portuarias y de la construcción son frecuentes), etc. El instrumento principal por parte del estado para el mantenimiento de la competitividad y los mercados libres consiste en el sistema legal del país lo que incluye la normativa jurídica (la constitución y las leyes), los organismos y su personal debidamente calificado y la práctica acumulada de años.
El punto 2, “estimular la inversión en tecnologías que absorban fuerza de trabajo” sugiere que “alguien,” una fuerza exógena (¿el estado?), intervendrá en la economía de las empresas para forzar a las mismas a adoptar tecnologías que pueden ser obsoletas y que con la ilusión de acelerar la creación de empleo acabaría reduciendo o destruyendo la competitividad de las empresas. O sea, el punto 2 implica una contradicción flagrante con lo que se desea en el punto 1. Las empresas deben tener la libertad de seleccionar las tecnologías que mejor consideren para ser rentables. Nadie mejor que la empresa puede tomar estas decisiones. Ninguna burocracia está ni capacitada ni motivada para reemplazar la eficiencia empresarial desde afuera. Pensar que se puede micro-manejar la economía es repetir las fantasías fracasadas de América Latina y de los socialistas.
Los puntos siguientes contienen algunas proposiciones que tienen sentido y algunas otras no. Por ejemplo en el 3, la autonomía de la banca central es aconsejable, pero no tiene sentido que su modelo organizativo pueda garantizar las reservas de la nación, ni la fortaleza de una moneda única. En el punto 4 no hay que proponer un sistema bancario eficiente. El mismo debe desarrollarse como parte del desarrollo empresarial e inversionista de una economía de mercado. La eficiencia del sistema estará dada por su competitividad y será responsabilidad de las empresas bancarias mismas. El papel del estado y de una banca central autónoma será el de establecer y garantizar el marco regulador apropiado sobre la base de reglas prudenciales. El punto 5 propone ajustes regulares de las tasas de cambio y los aranceles. Lo primero es altamente discutible si se cree (como yo lo creo) que es mejor que el país tenga tasas libres de cambio. Lo segundo es absolutamente imposible. Los aranceles no se cambian de esa manera sino que tienen mucha más estabilidad. El manejo de la tasa de interés es un tema de política monetaria y es potestad de una concepción orgánica deseable para Cuba.
Los puntos 7 y 8 proponen eficiencia y eficacia fiscal, lo cual está bien, excepto que no es comprensible cómo el fisco puede propiciar “el desarrollo y la creatividad del ciudadano.” El punto 10 está planteado de una manera confusa pero puede entenderse que el sistema legal debe permitir el desarrollo sostenible en un estado de derecho, todo lo cual es muy deseable. Los puntos 11 y 12 no reconocen las posibilidades de intercambio (“trade offs”) entre la economía y los problemas del medio ambiente. Existen intereses antagónicos en este aspecto que deben ser reconocidos explícitamente pero cuya solución no es susceptible de fórmulas automáticas, legales o simplistas. En el punto 13 se reconocen los derechos de los dueños expropiados después de 1959, así como el de los usufructuarios actuales de los activos involucrados. Esto es correcto, pero omite reconocer las compensaciones de todos aquellos ciudadanos que sin haber sido dueños de activos fijos expropiados sufrieron grandes pérdidas en función de su capital humano por prisión o pérdida de la vida a manos del gobierno actual.
El punto 14 que promueve “la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y en los dividendos de las empresas” es, lo tengo que decir claramente, un disparate. Semejante principio impediría el desarrollo económico del país, pues no habría inversionista que se arriesgaría a colocar recursos ante tal amenaza. El punto refleja una concepción caprichosa y voluntarista sobre cómo funciona una economía de mercado, partiendo de un enfoque humano pero equivocado, simplista y paternalista. El punto 15 propone la protección de las empresas medianas y pequeñas, lo que muestra de nuevo una falta de comprensión de cómo operan estas empresas dentro de las reglas de juego y el marco legal de una economía de mercado. Cuando en tales condiciones una empresa necesita protección para sobrevivir es una indicación inequívoca de que no debe existir. En estos casos el sistema económico debe facilitar su desaparición en lugar de prolongar su agonía. Hay que dejar que los inversionistas de cada empresa corran el riesgo y tomen ellos las decisiones necesarias para que sus empresas prosperen. Esta es la base de eficiencia que se declara como un objetivo deseable en el Itinerario. La propuesta de tener legislación antimonopolio es adecuada y parte del marco legal en que debe operar una economía de mercado. También propiciar el crecimiento del empleo como aparece en el punto 17 es adecuado, pero la palabra “paulatino” está demás. Aquí lo que hay que propiciar es la inversión nacional y extranjera, especialmente la inversión directa, pues es la generadora de empleo por excelencia. Conjuntamente, el estado debe facilitar la fundación de nuevas empresas, de todo tamaño, reduciendo a un mínimo las licencias y permisos, además del tiempo y los costos necesarios para su creación. La mayor parte de las empresas deben poder crearse e inscribirse como entidades que contribuirán al fisco en cuestión de pocos días, sin intervención de abogados y con muy poco dinero y burocracia. Algunas empresas como las productoras o procesadoras de alimentos, las farmacéuticas y las médicas, entre otras requerirán más tiempo para la obtención de licencias, pero este proceso debe ser lo más expedito posible.
El punto 18 propone la creación de condiciones para desarrollar una fuerza laboral calificada, lo cual es muy deseable y debe ocurrir en la medida en que se desarrolle una economía de mercado. Sin embargo el punto 19 plantea otra disposición incompatible con una economía de mercado. Razones al absurdo. ¿Cómo puede lograrse una distribución equitativa del ingreso nacional? ¿Es razonable esperar que cuando la economía cubana comience su recuperación todos los agentes económicos, independientemente de su edad, su educación, su habilidad organizativa y sus deseos de progresar van a generar el mismo ingreso? Obviamente la respuesta es no. Entonces el objetivo de equidad significa quitarle a los que más ganen para darle a los que menos ganen, o sea, lo que comenzó a hacer el gobierno de Fidel Castro hasta que eliminó todo incentivo a trabajar y redujo la economía cubana a la indigencia actual. La economía cubana jamás se recuperará si se aplican principios ingenuos y caprichosos como éste, lo cual condenaría a los cubanos a la prolongación de su miseria. La reducción de las desigualdades en la distribución del ingreso y de la riqueza se logrará mediante una mayor equidad en la distribución de las oportunidades educativas. La experiencia enseña y la teoría demuestra que cuando el gobierno interviene en la economía para lograr objetivos deseables pero poco factibles, lo que logra es precisamente el efecto contrario al buscado. En este punto tengo que decir con toda franqueza y honestidad que se requiere mucha más reflexión sobre estos puntos y mucha más comprensión sobre cómo operan las economías y cómo aplicar el análisis económico eficazmente a cuestiones como ésta.
De aquí en adelante me concentraré en los puntos más álgidos. No tengo comentarios sobre los puntos 20, 21 y 22. Sin embargo el punto 23 regresa aunque de manera más explícita, a plantear el papel del estado como interventor en la economía, esta vez en forma de gerente. Lo que este punto debe definir es el papel del estado como productor de bienes públicos, lo que hemos mencionado anteriormente. Un bien público es uno tal que no puede excluir de su consumo a un cierto número de consumidores, o sea, es de consumo colectivo. Por ejemplo, el alumbrado público no es “consumido” típicamente por un solo transeúnte, sino por todos los que están a su alcance. De ahí que generalmente no se produce por el sector privado. Otros ejemplos de bienes públicos es la seguridad nacional, la existencia de una administración de justicia que garantice los derechos individuales, la estabilidad de la moneda, la salud pública, la existencia de una ciudadanía educada y culta, la seguridad en las calles, etc. Cuando uno se pone a pensar lo difícil que es para un gobierno establecer la estructura tributaria necesaria para colectar los ingresos fiscales y organizar todas las entidades que se necesitan para producir los bienes públicos que la sociedad demanda, se puede percibir la carga de trabajo que lleva todo gobierno de un país bien administrado.
El punto 24 aboga por el desarrollo del interior del país, lo cual es adecuado y se logrará en la medida que un gobierno de transición cree las mismas condiciones a lo largo de la isla. En este aspecto, los gobiernos locales deben organizarse adecuadamente, pues unas regulaciones locales que no estén sincronizadas con las nacionales pueden propiciar desequilibrios regionales en materia de oportunidades de desarrollo. Un razonamiento similar puede hacerse con relación a la distribución regional de las inversiones en infraestructura. En este sentido hay que reflexionar también sobre el papel de los gobiernos locales y qué clase de sistema fiscal deberá tener el país en el futuro. Por ejemplo, uno de los temas es el de federalismo fiscal o el grado de centralización o descentralización que tendrán las administraciones provinciales y municipales en materia de estructura y administración tributaria y qué grado de autonomía en el uso de los fondos. Los temas son numerosos, por ejemplo, ¿qué localidades tendrán que ser subsidiadas por el gobierno central por no tener suficiente base económica para pagar los impuestos que cubran los gastos locales del gobierno? Es necesario que el Itinerario de Reflexión alcance el resto de la isla.
El punto 25 propone una solución inadecuada al movimiento de los llamados capitales golondrina. En la medida que los mercados de capital se desarrollen en Cuba, lo que no debiera ocurrir en el principio de una transición para estimular la concentración de capitales en inversiones directas, las restricciones artificiales de tales capitales pueden crear más problemas de los que resuelve. El punto 26 sobre garantizar una seguridad social es irrealista. No se puede ni se debe prometer que el estado de una Cuba que intenta reconstruir su economía y sus instituciones democráticas sea cargado con garantías que no podrá cumplir. Al comienzo de una transición, la seguridad social será probablemente precaria y se irá mejorando de acuerdo a cómo se desarrolle la economía y se amplíe la base tributaria.
El punto 27 no existe en el documento. El 28 es una buena idea, pues propone la creación de un sistema de monitoreo de las condiciones económicas del país con independencia del gobierno. Igualmente el 29 sobre la prevención de la corrupción es un objetivo que debe ser prioritario. Cuba efectivamente debe unirse a los tratados internacionales que la beneficien, como lo plantea el punto 30. El punto 31 sin embargo plantea como un apotegma que los trabajadores deben ser protegidos de los empleadores con un salario mínimo justo. La teoría económica insiste en que el salario mínimo va en detrimento de los trabajadores menos productivos, que suelen ser precisamente los más pobres. Al mismo tiempo hay que apuntar que a pesar de muchos esfuerzos investigativos y de alto rigor metodológico, nadie ha podido confirmar o invalidar empíricamente el precepto teórico que se basa en la Ley de la Demanda. También como apuntamos más arriba, la doctrina de salario justo está basada en un concepto obsoleto que no es aceptable en la mayoría de las instituciones académicas serias del mundo.
Los puntos 32 y 33 sobre el derecho a crear sindicatos y el derecho a la igualdad de oportunidades son perfectamente congruentes con los objetivos de una economía de mercado en una democracia. Lo mismo puede decirse sobre la necesidad de promover el desarrollo de la sociedad civil, como lo propone el punto34. En el punto 35 que trata de la deuda externa, el papel de tal negociación le corresponde al poder ejecutivo cuyas negociaciones podrán ser refrendadas por un cuerpo legislativo. El Banco (aunque no se especifica, suponemos que el Central) deberá jugar un papel asesor e instrumental de apoyo al ejecutivo.
OBJETIVOS PARA EVALUAR ESTRATEGIAS ECONÓMICAS
La Quinta Etapa presenta muchos puntos que ya han sido discutidos arriba. Sin embargo, creo que debo hacer cuatro comentarios pertinentes. El primero es sobre la estrategia recomendada de “que la constitución garantice un sistema de Seguridad Social.” ¿Cómo se le puede pedir a una constitución que garantice un sistema de seguridad social? ¿Se quiere decir que se cree un mandato de crear un sistema de seguridad social? Parece que se desea garantizar legalmente una acción económica que depende de la economía no del cumplimiento de las leyes. Esta Quinta Etapa está llena de objetivos paternalistas que han plagado las economías latinoamericanas hasta evitar que se desarrollen debidamente. La felicidad no puede legislarse, no puede ser objeto de un mandato constitucional. Una cosa es que la constitución defina las reglas del juego y la estructura orgánica del estado y de la administración pública y otra es que se pretenda usar para garantizar lo que no es garantizable, lo que crea expectativas irrealistas en la población que cuando no son cumplidas conllevan al descontento, a la desconfianza en las instituciones del país y oportunamente a la inestabilidad.
En la Quinta Etapa se supone que el ciudadano tiene que ser protegido de diversas formas contra las empresas y contra poderes superiores. Esto puede ser adecuado hasta cierto punto, pero hay que tener en cuenta que una sociedad en que impera un estado de derecho y donde los ciudadanos son libres, los mismos tienen facultades que les permiten ser los principales custodios de sus intereses. El documento peca de un excesivo paternalismo, como si el ciudadano tiene que ser continuamente protegido sin que se piense que parte del beneficio de ser libre y de vivir en un estado de derecho es el saber cuidarse de los depredadores que existen en todas partes, sean empleadores, empresarios, políticos, vendedores, líderes sindicales, profesionales de distintas ramas, o hasta religiosos.
Mi tercer comentario es a la estrategia del “Itinerario” en que se recomienda el uso de los recursos de organismos internacionales de carácter multilateral, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Inter-Americano de Desarrollo y otras agencias de la colección de las Naciones Unidas. Es mi experiencia directa con estas entidades que aunque pueden jugar un papel útil en el desarrollo de ciertos proyectos, pueden constituir una distracción importante a la gestión gubernamental. Los recursos financieros de los organismos de préstamo pueden ser útiles para el desarrollo si se administran bien y se definen adecuadamente con las respectivas misiones de esos organismos.
Esto va como una advertencia seria a los cubanos que alguna vez estén en posición de recibir y negociar con estas entidades. Prepárense adecuadamente antes de recibir cualquier oferta, pues puede ser más beneficiosa para el gobierno (o su burocracia y sus políticos) que para la ciudadanía en su conjunto. Los proyectos que se discutan deben ser debida e intensamente estudiados por personal competente y economistas de experiencia internacional. Desafortunadamente Cuba ha sufrido en estos últimos casi cincuenta años de una educación económica insuficiente y de un aislamiento internacional de tal magnitud que la hace muy vulnerable a los designios de entidades externas que no comparten los intereses de la ciudadanía cubana. Existen personas en Cuba que le tienen una especie de fe ciega a los organismos internacionales y se olvidan que los mismos están manejados por individuos con intereses privados. Insisto. Tales organismos pueden brindar recursos financieros y técnicos de utilidad, pero hay que saber identificarlos y administrarlos. Una última palabra en este aspecto. No hay que olvidarse, como lo hace el Itinerario, de los organismos bilaterales de asistencia para el desarrollo. Muchos de estos ya están operando en Cuba aunque a una escala muy pequeña.
Mi cuarto y último comentario en esta sección es una observación sobre la propuesta de que una “ley de prensa que garantice el respeto al código deontológico.” ¿Qué significa esto? Suena como si lo que se publique deberá estar sujeto a restricciones de naturaleza ética, lo que requiere una vigilancia y sistema de aprobación desde afuera. Si esta interpretación es correcta, la estrategia sería inadmisible en una democracia, donde la prensa no debe tener restricciones en cuanto a la libertad de expresión.
OBJETIVOS PARA EVALUAR SECTORES ECONÓMICOS
La Sexta Etapa, al igual que la Quinta, presenta puntos ya discutidos anteriormente. Sin embargo es pertinente indicar que el documento en su conjunto puede ser sustancialmente mejorado si se le estructura mejor dentro de un plan que tenga una lógica interna más diáfana y donde haya más foco en los objetivos, en las estrategias para lograrlos, en los recursos que se requieren y en un marco dinámico, o sea, dentro de diversos horizontes de planeamiento. Por ejemplo, los objetivos estratégicos deben estar claramente separados de lo que es deseable pero no puede ser objeto de las operaciones concretas de entidades privadas o estatales. Por otros lado, los objetivos deben ser confrontados con los recursos para saber lo que es factible en diversos períodos. El Itinerario necesita más desarrollo en la exposición de ciertas ideas o proposiciones, que se presentan de una manera demasiado lacónica y se prestan por lo tanto a confusión.
COMENTARIOS FINALES
A modo de conclusiones de estos comentarios quiero hacer dos observaciones de carácter general. De la lectura de los trabajos se desprende que los participantes se debaten entre la necesidad de buscar una salida a la insólita situación en que se encuentra el país donde nacimos y una cierta timidez en plantear las ventajas de una sociedad de plenas libertades individuales. Habiendo vivido en Cuba hasta 1967, creo que tengo un marco de referencia sobre las condiciones de vida bajo el totalitarismo y la necesidad de que estos ejercicios se hagan con una cierta prudencia para que no se vayan a presentar maliciosamente como actos subversivos. Esta observación no le quita un átomo de mérito al esfuerzo hecho por todos los participantes y organizadores del Itinerario de Reflexión. Sin embargo me atrevería a decir, en aras de la continuidad de estas reflexiones (a pesar de las nuevas condiciones) que la timidez que me parece notar sobre la libertad individual es resultado de un temor a la economía de mercado acaso influenciado por la propaganda antidemocrática de que tal economía es una de “capitalismo salvaje.”
¿Habrá este bombardeo propagandístico establecido un prejuicio contra la economía de mercado en algunos o todos los participantes del “Itinerario”? Es posible y es hasta natural, pero no hay nada de malo en ello mientras se esté consciente del sesgo. Como he indicado en otra parte de estos comentarios, la economía de mercado y la sociedad que opera bajo plenas libertades civiles produce muchos resultados indeseables, pero eso no puede convertirse en una excusa para coartar esas libertades o para crear un aparato estatal bajo la ilusión de que el mismo tendrá la solución a todos los problemas que se presenten. No debemos olvidar que tanto el estado como otras organizaciones están manejadas por individuos privados, con intereses propios, que dejados solos se inclinan a usar sus prerrogativas a favor de los que les conviene a ellos y no a otros. No obstante, las preocupaciones éticas del “Itinerario” son absolutamente legítimas y deben ser expresadas y debatidas amplia y permanentemente, pero debemos tener cuidado en no tratar de canalizarlas mediante mecanismos ilusorios que crean más problemas de los que resuelven.
Sobre el mismo tema, y aunque me resulte un poco difícil decirlo, no puedo soslayar un problema que se refleja en el documento. De nuevo, mi experiencia en la Cuba totalitaria incluyó el haber sido estudiante de economía de la primera promoción de la primera carrera de economía de la Universidad de la Habana que se llevó a cabo en el Instituto Juan Noyola. Esta experiencia, junto con mi trabajo en planificación económica en el gobierno, me permitió conocer de primera mano las profundas deficiencias en la educación económica que sufría el país y seguiría sufriendo por mucho tiempo. Las teorías económicas modernas no se discutían abiertamente porque se consideraban “burguesas” y por lo tanto contrarrevolucionarias. Esto ha hecho más heroico el esfuerzo de los participantes del “Itinerario de Reflexión” que de todas maneras emprendieron el ejercicio a sabiendas de la necesidad de enfrentar los graves problemas del país aun en condiciones de desventaja y con limitaciones en los materiales de referencia y estudio.
También estoy consciente del trabajo que se ha hecho en Pinar del Río para enseñar economía con los pocos materiales y recursos disponibles y en medio de un ambiente adverso y amenazante. Pero hay que seguir el esfuerzo de educación económica en el país, y al decir esto no me refiero a la educación de economistas del más alto nivel académico, sino a la educación de la población en general para que tengan un nivel mínimo de comprensión sobre temas económicos, del mismo modo que se intenta tener una educación para la salud, una educación cívica y otras formas de educación general. El ciudadano debe tener una educación mínima en general en las ciencias sociales para que pueda ejercer su influencia de una manera más eficaz y eficiente en la economía, en la gobernación y en los procesos de política pública del país.
Por último yo deseo reiterar mi firme convicción, expresada en estos comentarios, del enorme valor que este “Itinerario de Reflexión” tiene como un paso indispensable para que la ciudadanía se prepare para emprender un proceso de reconstrucción nacional que ayude a Cuba a superar la situación actual. Aunque mis comentarios puedan parecer un poco duros o poco diplomáticos, yo creo que la crítica directa es absolutamente necesaria para llegar a soluciones de problemas tan graves y serios como los que nos ocupan. Ojalá podamos repetir este ciclo de intercambios y continuarlos en el futuro con nuestros compatriotas en la isla.
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