Notes1
“Con la crisis, el consumo de un conjunto de importantes nutrientes de la dieta establecida como mínima para el buen funcionamiento del organismo está muy por debajo de los parámetros establecidos, atentando contra la seguridad alimentaria.” —Togores y García, 2003, p. 13
Carmelo Mesa-Lago (2003) ha escrito un influyente ensayo con propuestas específicas para superar la situación de creciente empobrecimiento y desigualdades sociales de Cuba. Dada la importancia del tema, es esencial un diálogo amplio sobre las propuestas planteadas por él.2 Resulta crucial preguntarnos cómo avanzar en la solución de estos temas. Este no es sólo un imperativo ético; la pobreza y la desigualdad son fuentes de inestabilidad social que pueden afectar las posibilidades del crecimiento futuro de Cuba. Por consiguiente, este ensayo desarrolla alternativas sobre algunas de ellas, así como otras medidas adicionales como aporte a la elaboración de las opciones necesarias.
La pobreza y la desigualdad, aunque relacionadas, son temas diferentes. Pobres son las personas cuyo ingreso no les permite satisfacer sus necesidades básicas, estimadas a partir del costo de una canasta mínima de alimentos más una estimación de los recursos requeridos para satisfacer otras necesidades básicas de educación, salud, vivienda, etc. En cambio, desigualdad es un concepto relativo, que indica cómo se distribuye el producto nacional entre la población del país.
Hay tres grupos principales de pobres: (1) los que tienen capacidad y capital humano para superar su situación y sólo necesitan un entorno más favorable para superarla, tal como una economía en crecimiento elevado y sostenido; (2) los que tienen capacidad y capital humano suficientes, pero requieren apoyos especiales que los habiliten para aprovechar un entorno más favorable, i.e., programas de adiestramiento; y (3) los que no tienen capacidad ni capital humano suficientes, i.e., tienen alimentación y salud deficientes, y requieren programas especiales de habilitación, rehabilitación o asistencia social.
El autor parte de la consideración que los niveles de pobreza, así como las desigualdades sociales atribuibles a una falta de igualdad de oportunidades existentes en Cuba son inaceptables y que es necesario adoptar medidas para reducirlos. El crecimiento de la economía, la creación de empleos y el mejoramiento de los salarios reales son indispensables para superar la condición de pobreza, como también lo son las políticas de educación, salud, vivienda y previsión social dirigidas principalmente a los más pobres. Sin embargo, superar la pobreza es un complejo desafío, que requiere decisión, continuidad y tiempo. Es, asimismo, fundamental que los programas que se diseñen actúen simultáneamente sobre varias carencias. Si esta estrategia fracasa el planteamiento que la transición es para mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población pierde validez y genera malestar social.
Una parte importante de las medidas propuestas en este ensayo sobre el gasto social, están asociados a una redefinición de los papeles del Estado, la actividad privada, el mercado y la sociedad civil en la sociedad. Así, Cuba debe mantener el nivel de gastos efectivos en los sectores sociales reduciendo los gastos públicos innecesarios y limitando el papel del Estado en la economía a un papel subsidiario, a la vez que evoluciona progresivamente hacia una economía dinámica, con equilibrio fiscal, un sistema tributario más favorable al crecimiento y que utiliza selectiva y limitadamente el financiamiento externo oficial. Hay que considerar cuidadosamente los efectos potenciales no deseados de los impuestos y del financiamiento oficial sobre el crecimiento y los incentivos. En estos dos aspectos, las propuestas de este ensayo coinciden con lo planteado por Ernesto Hernández-Catá en su presentación del Segundo Cuban Forum de ASCE-CRI/ FIU.
ANTECEDENTES SOBRE EL EMPOBRECIMIENTO Y LAS DESIGUALDADES SOCIALES, 1985-2004; CASI DOS DÉCADAS PERDIDAS EN EL DESARROLLO SOCIAL3
Cuba experimentó niveles crecientes de ingreso por habitante hasta 1985 con base en la ayuda soviética y del bloque socialista,4 y en la expansión azucarera que llegó a más de 8 millones de TM anuales. Fue una etapa de crecimiento fácil, sin competencia externa, con deficiente asignación de recursos y expansión de la cobertura de los programas sociales. Sin embargo, a partir de 1985, y coincidiendo con el desafortunado Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas, la economía experimentó un estancamiento que después se convirtió en contracción, que no ha podido superar, debido a la desaparición de la Unión Soviética y el bloque socialista, el refuerzo del embargo de los EE.UU. y las tendencias del mercado mundial del azúcar a partir de los ´90.
Si bien Cuba ha logrado una recuperación económica parcial con base en un elevado crecimiento del turismo y de la captación de remesas a partir de 1995, éstos han sido insuficientes para compensar los factores adversos mencionados. Ello ha determinado una situación de empobrecimiento de la población, ya que el país ha sufrido una contracción económica y menores niveles de ingreso por habitante por casi dos décadas, 1985-2004. En 2003 el PIB por habitante era el equivalente al 85% de 1985. Así, la pobreza, que los estudios recientes de los economistas y académicos de la Isla muestran, ha empeorado en términos de ingresos, de acceso a una canasta de alimentos básicos y de atender otras necesidades básicas (Togores y García, 2003). Además, dichos economistas y académicos consideran que las fuentes de recuperación de los ´90 están agotadas (Monreal, 2002).
Adicionalmente, dada la forma en que el gobierno ha enfrentado la crisis, ha ocurrido un aumento de las desigualdades sociales, ya que los pagos a los empleados vinculados con los bienes transables, las exportaciones de bienes y servicios o la sustitución de importaciones suelen ser mayores que los del resto de los empleados, sólo 20% de la población recibe remesas externas o vende servicios a los turistas, y el porcentaje de los agricultores privados y en cooperativas, de los intermediarios en el mercado agropecuario y los dueños de paladares es bajo.5 También el gobierno brinda algunos servicios privilegiados de salud y de seguridad social a los funcionarios de las fuerzas armadas, la seguridad interna, etc. Estas desigualdades no han sido compensadas apropiadamente por la política social que insiste, en general, en una cobertura universal e igualitaria de los servicios sociales, cuando la realidad relativamente igualitaria de las remuneraciones e ingresos, que prevaleció hasta los ´90, desapareció. Esto es agravado por el cambio del perfil demográfico hacia una población estacionaria, de mayor edad y mayor dependencia y, en consecuencia, la perspectiva de demandas y costos crecientes de atención a la salud y las pensiones, mientras se reduce el número de contribuyentes.6
La situación de empobrecimiento, desigualdades sociales y deterioro social de Cuba, se puede resumir así:
• El ingreso real por habitante sufrió un retroceso en los ´90, ya que el salario real promedio se redujo 35% en 1989-2003 (ver Cuadro 1). La disminución de los salarios reales ha sido mayor que la caída de la producción y de la productividad, ya que hubo un aumento del empleo del 7.6% en 1989-2003, mientras el PIB real disminuyó 5.6%. Un índice simple de productividad media por empleado mostró una reducción del 12.3% en 1989-2003, la causa subyacente de la caída del ingreso real y del empobrecimiento. Además el significativo aumento del gasto en la red de protección social (ver la próxima sección) se terminó financiando con una reducción del salario real.
• En 1997-2002 Cuba muestra deficiencias en la alimentación de la población en tres importantes componentes: proteínas, en la cual hubo una importante recuperación; en grasas; y en aceites grasos esenciales en los cuales todavía el déficit es del orden del 40% de lo requerido (ver Gráfica 1).
• La desigualdad en la distribución del ingreso aumentó marcadamente en los ´90 por las razones ya indicadas. Cuba requiere lograr una distribución del ingreso más acorde con una más efectiva igualdad de oportunidades y brindar una calidad de vida mínima para toda la población mejor que la actual, lo cual se puede lograr si se focaliza el gasto en los sectores sociales.
• Los sectores sociales presentan un conjunto de debilidades y problemas substantivos que requieren ajustes mayores o reingenierías en las políticas sociales vigentes, entre los cuales destacan los siguientes.
■ El gasto real en educación por habitante aumentó 6% en 1989-2003. La matrícula disminuyó en educación media en 37% en 1989-1994 y en educación terciaria 54% en 1989-1996, aunque luego ambas se recuperaron, pero sin alcanzar los niveles de 1989 (ver Cuadro 1). En 2002 las reducciones eran del 8% en la educación media y del 20% en educación terciaria con respecto a 1989, lo que es atribuible a la falta de incentivos para que la población se eduque. En el periodo la expansión de la educación preescolar se detuvo, hubo carencias de materiales y útiles escolares que afectan la calidad mínima de los servicios prestados, y el equipamiento y los laboratorios no se repusieron ni se actualizaron.
■ El gasto real en salud por habitante aumentó 23% en 1989-2003 en parte porque el sector fue capaz de financiar directamente sus necesidades de divisas. Los componentes de recursos humanos y de infraestructura hospitalaria continuaron aumentando. El número de médicos aumentó de 34.8 miles en 1989 a 67.1 miles en 2002, o sea prácticamente se duplicó. El programa de médico y enfermera por familias es exitoso y ha facilitado la atención preventiva, personalizada y la descentralización parcial de los servicios de salud. En cambio los gastos en medicinas y equipamiento se redujeron, lo que plantea un problema de distorsiones y proporciones óptimas de factores para brindar los servicios requeridos por la población. El número de niños con bajo peso al nacer aumentó de 7,7% en 1989 a 9% en 1993 (Togores y García, 2003, p 29), aunque después bajó a 5% en 2002.
■ El gasto real en vivienda y servicios comunales fue bajo en 1989-2003 para hacerle frente a un creciente y abultado déficit habitacional, tanto en cantidad (1.6 millones de unidades) como en calidad habitacional acumulado por años, el cual se agudizó a partir de 1996, especialmente por la baja construcción de nuevas viviendas y los fuertes huracanes que afectaron al país a finales de los ’90 y principios de los 2000 (ver Gráfica 2). Asimismo, las deterioradas condiciones de agua y de alcantarillado (mantenimiento, reparación e inversión) y de servicios urbanos básicos (recolección de desechos, limpieza de calles y control de plagas) tuvieron implicaciones adversas para la salud y la calidad de vida.
■ El gasto en seguridad social real por habitante aumentó 4% en 1989-2003, cubriendo más personas con un menor ingreso real por jubilado. El sistema de seguridad social presenta un déficit permanente del orden del 2.0% del PIB a pesar del aumento del empleo en 4.6% en 1989-2002, mientras el PIB real se contrajo, porque se utilizó inicialmente como instrumento compensatorio para enfrentar la crisis económica de los ´90 y no se ha ajustado al nuevo perfil demográfico de la población que tiene una esperanza de vida mayor. Un problema fundamental del sistema de la seguridad social es que los beneficios que otorga, debido a la elevada tasa de reposición del 50% o más, no son cubiertos por las contribuciones realizadas del 12% del salario. Así la pensión del 50% sobre el promedio de los 5 años de salarios más altos a la edad de retiro por 25 años de trabajo, con 1% adicional por cada año de trabajo adicional sobre los 25 años, significa que la contribución apenas cubre cerca del 26% de los beneficios otorgados a las mujeres y del 37% a los hombres. Cuba está acumulando una elevada deuda previsional con los empleados sin ningún respaldo, lo que es en sí una grave injusticia.
■ Cuba tiene además un importante problema de desigualdades raciales. La población negra ha sido especialmente afectada por la contracción de la economía a partir de 1985, porque los sectores dinámicos en los ´90 no la han favorecido, se revirtieron algunos de sus logros anteriores, y se crearon nuevas desigualdades. La población del exterior que envía remesas es mayormente blanca (cerca del 85%), el dinámico sector turismo la ha empleado en una proporción muy baja, y la gran mayoría de los agricultores privados y miembros de las cooperativas agrícolas son blancos. Adicionalmente, la industria azucarera que la empleaba en una proporción elevada ha entrado en crisis. A pesar de los avances considerables de la población negra en educación, atención a la salud, empleo e igual acceso a las instalaciones recreativas, subsisten desigualdades importantes. Ella está sobre representada en las cárceles, pero subrepresentada en los puestos directivos y políticos más altos. Erróneamente, el gobierno considera que solucionó el problema racial y prohibió las discusiones públicas sobre el tema, bloqueando así la búsqueda de soluciones que podrían reducir las crecientes desigualdades.
El empobrecimiento y las desigualdades sociales y regionales crecientes en los últimos 15 años, así como la precariedad de los servicios sociales han sido el resultado primario de las dos décadas perdidas de crecimiento, y su efecto colateral es la falta de credibilidad en la política del gobierno. Este ha tendido a la represión para hacerle frente a la amplia y profunda frustración popular generada por estos deterioros y problemas fundamentales, y la ha justificado con base en el endurecimiento del embargo y más recientemente por las medidas adoptadas por el gobierno de EE.UU. en junio del 2004.
EL GASTO EN LA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL
Un logro importante de Cuba en la segunda mitad del siglo XX, reconocido tanto interna como externamente, fue el acceso universal e igualitario gratuito a la educación, la salud y la seguridad social. Es lo que Kornai (2004) llama un estado del bienestar prematuro que tiene características de histéresis o de lenta reversibilidad, como lo prueba la experiencia de los países de Europa central.
Cuba experimentó tres etapas del gasto en los sectores sociales en relación con el PIB en 1989-2003 (ver Gráfica 3). La primera cuando la economía se contrajo, pero los gastos en los sectores sociales disminuyeron más lentamente; en consecuencia el gasto en dichos sectores como proporción del PIB aumentó de 22.6% en 1989 a 28.9% en 1993, uno de los peores años de la crisis económica, contribuyendo al significativo aumento del déficit fiscal. La segunda de ajuste en 1994-1997 cuando los gastos en los sectores sociales volvieron a su nivel relativo inicial; y la tercera en 1998-2003 cuando dichos gastos crecieron mucho más rápidamente que el PIB (ver Gráfica 3 y Cuadro 2). Ello conllevó un aumento de los gastos en los sectores sociales en relación al PIB de 22.6% en 1989 a 29.8% en 2003. Infelizmente, las políticas fiscales y monetarias de tipo inflacionario para apoyar los gastos en los mencionados sectores que se realizaron en 1989-1993, se están repitiendo de nuevo, particularmente a partir del 2001. “El gasto social tiene un comportamiento respecto al déficit fiscal pro desajuste,” o sea, aumenta aunque éste se expande (Togores y García, 2003, p. 35). Asimismo, Cuba tiene un problema para sostener el nivel vigente de los gastos en los sectores sociales, ya que como señaló Triana no se puede distribuir lo que no produce (Triana, 2003, p. 13).
El gasto en los sectores sociales real por habitante (a precios de 1997) disminuyó de CU$647 en 1989 a CU$431 en 1995, pero después aumentó a CU$747 en 2003 (ver Cuadro 2).7 O sea en 2003 el gasto social real por habitante era 15% mayor que el de 1989. Simultáneamente el PIB real por habitante disminuyó 12.7% en 1989-2003. En 1989-2003, los gastos en los sectores sociales real por habitante aumentaron en educación (6%), salud (23%), vivienda y servicios comunales (25%), seguridad social (4%), bienestar social (142%), cultura (36%) y deportes (9%), pero aún todas estas siete categorías mostraron reducciones hasta 1998, vivienda y bienestar social hasta 1999, cultura y arte hasta 2001 y educación, seguridad social y deportes hasta 2002.
Es pertinente indicar que, no es lo mismo un CU$1 real de 1989 que un CU$1 real de 2003, para entender el deterioro en la calidad los gastos sociales durante 1989-2003. Así, un CU$1 real de 2003 no tiene el mismo poder adquisitivo externo que un CU$1 real de 1989, dado que la dualidad cambiaria se ha exacerbado en el periodo, aumentando la tasa de cambio extraoficial de CU$5 en 1989 a CU$26 en 2003 (ver Cuadro 1) y la economía cubana mantiene un componente importado muy importante. Así si se utilizase una tasa de cambio unificada de mercado en vez de la tasa de cambio crecientemente artificial y distorsionada de US$1=CU$1, el PIB y los gastos en los sectores sociales serían mucho menores en 2003 que los de 1989.
En 1989-1995, el gobierno hizo frente a la crisis con un severo ajuste. Hubo una reducción del salario real mayor que la disminución de la productividad, aumentó la tasa de desempleo abierta a 7.9% y el número de los trabajadores por cuenta propia, y disminuyó el porcentaje de la población económica activa (PEA). El número de empleados se redujo en 187 miles y el salario real se redujo 46%. En 1995 la tasa de desempleo equivalente, o sea incluyendo el empleo excedente con base en la metodología de CEPAL (CEPAL, 1998, p. 189), se elevó a 29.5% y el gasto para cubrir sus salarios a 10% del PIB (ver Cuadro 1). En 1993 la tasa de desempleo equivalente fue 36.4% y el gasto para cubrir el desempleo excedente 18.2% del PIB.
En 1998 el estudio de CEPAL señaló significativos retrocesos en los sectores sociales, los salarios reales y la igualdad de los ingresos lograda hasta los ´90, así como la precariedad de los avances sociales alcanzados (ver CEPAL, 1998, sección 4. D), los que son atribuibles al deterioro en la calidad de la educación y la salud, la reducción de la cobertura y el valor real de las pensiones, los expansivos y significativos déficit en la cantidad y calidad de la vivienda, y en los servicios de agua potable y sanitarios (alcantarillado). En 1998-2003 hubo algunas recuperaciones parciales en el nivel de los gastos en los sectores sociales, así como en los salarios reales, pero sin superar los niveles de 1989, la situación social sigue siendo frágil.
En 1996-2003, el gobierno recurrió a una política de “pleno” empleo, redujo la tasa de desempleo abierta, disminuyó el trabajo por cuenta propia, acomodó un aumento del porcentaje de la PEA e incrementó el salario real más que la productividad. El número de empleados aumentó en 427 miles y la tasa de desempleo disminuyó a 2.3%. En 2002 el empleo excedente se estimó en el 16% con respecto a 1989 atribuible al efecto combinado de la caída de la productividad de los empleados y al aumento del empleo en 1989- 2002. En 2002 el costo de ese empleo excedente al salario promedio correspondió al 6.6% del PIB (ver Gráfica 1).
También el gobierno aumentó el gasto en los subsidios implícitos en la libreta de racionamiento, los cuales se expandieron de 3.4% del PIB en 1989 a 6.1% en 2003, como resultado posiblemente de la liberalización parcial de los mercados agrícolas y de la creciente dualidad cambiaria, aunque recientemente la libreta sólo cubre aproximadamente 10 días del consumo mensual. El total de estos tres componentes o gastos en protección social que era de 26.0% del PIB en 1989, aumentó a 51.8% en 1994, se redujo a 33.8% en 1997, pero volvió a aumentar al 43.3% en 2002, nivel que es muy elevado e insostenible para cualquier economía de bajos ingresos en proceso de recuperación y de reinserción en los mercados internacionales.
Adicionalmente, la modernización, la sostenibilidad del nivel y la mejoría de la eficiencia interna y externa de los gastos en los sectores sociales presentan desafíos a las autoridades para enfrentar un entorno con importantes cambios tecnológicos y demográficos. Cuba está acumulando una importante deuda social en términos de vivienda y de beneficios de jubilaciones debidos a los empleados. Es necesario modificar las políticas sociales. Se requiere algo diferente, ser más proactivos y no continuar con más de lo mismo.
El análisis convencional sobre el gasto en los sectores sociales de Cuba y América latina se ha concentrado sobre su nivel como proporción del PIB. Esta es una relación difícil de modificar a corto y mediano plazo en los países con alto nivel de gasto en dichos sectores como proporción del PIB porque requiere una reasignación de los recursos en el ámbito de la sociedad a favor del Estado y que los recursos captados se utilicen en los sectores sociales, lo cual puede conllevar efectos adversos sobre la tasa de crecimiento. En cambio, dichos análisis han ignorado, en general, los efectos del aumento del PIB por habitante, que se modificó significativamente en los ´90 en la medida que las economías de la región lograron crecer mientras que la economía cubana se contrajo. Así, Chile alcanzó un lugar destacado en el nivel de gasto social por habitante en América latina y en el mundo en los ´90, mayor que el de Cuba, principalmente con base en el aumento del PIB por habitante asociado a su alta tasa de crecimiento económico a partir de 1984 que le ha permitido una mayor disponibilidad de recursos para los gastos en los sectores sociales.
El efecto combinado de ambas relaciones en Cuba vis-à-vis América latina, una creciente y otra en declinación, explica porque Cuba que era considerado un paradigma social en la región por los elevados niveles de gasto en los sectores sociales por habitante, haya perdido atractivo entre los intelectuales y los países de la región. Cuba vio reducir su gasto en los sectores sociales por habitante en relación con los otros países de la región debido a su declinación económica a partir de 1989 y a su mayor gasto social en empleo excedente y subsidios en la libreta de racionamiento. Sólo lo ha aumentado en 2001-2003, pero con un peligro para su sostenibilidad, pues no se basa en la expansión de la economía.
DOS MODELOS ALTERNATIVOS PARA REALIZAR LAS REFORMAS REQUERIDAS
Hasta ahora las medidas que el gobierno ha adoptado para atender las necesidades básicas y revertir el empobrecimiento y las desigualdades sociales y regionales han sido insuficientes. Por eso se le acusa de inmovilismo y escapismo, especialmente después de forzar la declaración que el socialismo es “irrevocable.” Así, el gobierno no ha adoptado ninguna estrategia clara para el futuro en medio de la crisis socioeconómica y la compleja y dinámica “segunda revolución industrial.” Quizás, la más vigorosa que la humanidad haya vivido, con significativos cambios en las comunicaciones, el transporte y los procesos de gestación y transmisión del conocimiento humano, que conllevan impulsos y oportunidades de cambio, progreso y modernización, pero que igualmente generan muchas tensiones y desarraigos.
Si bien hay factores externos que han acentuado la crisis económica y, con ello, las carencias básicas, la pobreza y las desigualdades sociales, existe una opinión mayoritaria en los trabajos presentados en ASCE y en las investigaciones de los economistas y académicos de la Isla que sus principales causas son el agotamiento de la organización económica existente y la parálisis de las reformas económicas.
El socialismo cubano ha fracasado no sólo porque eliminó los incentivos microeconómicos básicos para el crecimiento, sino porque desatendió los equilibrios macroeconómicos y ha puesto énfasis en un modelo de desarrollo hacia dentro, todo lo cual ha impedido que el país aproveche la calidad de sus recursos humanos, expresada en sus elevados niveles de educación y salud.
Los problemas existentes, si bien son sistémicos, pueden resolverse perfectamente si se aplican medidas habilitantes para retomar el crecimiento económico sostenido, con énfasis en la creación de empleo. Sin embargo, la situación de los pobres no sólo depende del crecimiento económico y del empleo, sino también de la calidad de las políticas sociales hacia ellos.8 Al respecto, resultan fundamentales los programas públicos diseñados expresamente para tener una red social que los ayude y proteja sin crear incentivos perversos. El concepto de focalización es clave, es decir, que los programas lleguen principal, selectiva y efectivamente a quienes más lo necesitan, los pobres y los más vulnerables en la sociedad (personas de menor educación, solteros jefes de hogar, familias con muchos hijos, personas de la tercera edad con ingresos insuficientes, minusválidos, etc.).
Por ello, si Cuba pretende superar seriamente los problemas mencionados debe emprender reformas significativas. Deberá seguir las transformaciones socioeconómicas exitosas que han realizado, por un lado China y Vietnam 9 la transición hacia el socialismo de mercado, o por otro lado, las transformaciones que han efectuado los países de Europa central como Hungría y Polonia la transición hacia una economía social de mercado. No obstante, la transición hacia el mercado puede tener resultados negativos por varios años y está en crítica en América latina en la actualidad.
Durante los primeros 10 años, la transición hacia el mercado en los países de Europa central y la antigua Unión Soviética se caracterizó inicialmente porque el PIB se redujo, el capital se contrajo, la fuerza laboral cambió significativamente de actividades, el comercio externo se reorientó, la estructura económica cambió, las instituciones existentes colapsaron, y el empobrecimiento y las desigualdades sociales aumentaron considerablemente (Campos y Coricelli, 2003, p. 817). Inclusive la expectativa de vida disminuyó y la tasa de mortalidad aumentó (UNECE, 2004, p. 171). Aún en los países exitosos como Polonia y Hungría la población en pobreza está entre 15 y 20% (UNECE, 2004, p. 168) y el consumo de drogas y el SIDA han aumentado como consecuencia del deterioro de la situación social.
Hay tres aspectos de la transición que deben analizarse cuidadosamente para evitarlos o moderarlos sin temor a contrariar o vulnerar lo considerado “económicamente correcto,” o los errores que cometen los autores ideológicos de política económica, que no han hecho otra cosa que limitar las posibilidades y dificultar la transición y el desarrollo.
La reducción inicial del PIB se explica por la implosión o colapso del comercio (Calvo y Coricelli, 1993),10 la recesión transformacional (Kornai, 1994) y la desorganización de las relaciones empresariales (Blanchard y Kremer, 1997), asociadas al cambio de sistema. Las instituciones básicas del socialismo colapsaron sin ser sustituidas apropiadamente por las requeridas por una economía de mercado, aún en los países que avanzaron rápidamente en la privatización y liberalización (EBRD, 1999, p. 26). El empobrecimiento, las desigualdades sociales, y, en algunos casos, la tasa de mortalidad, aumentaron en forma significativa porque inicialmente se produjo un elevado desempleo que no se redujo rápidamente después.
En América Latina el apoyo general a la economía de mercado ha disminuido como consecuencia de un bajo crecimiento económico desde 1997, el sexenio perdido, aunque ello se debe a que las reformas sistémicas fueron mal hechas o a que requieren más tiempo para producir resultados positivos y no a la economía de mercado en sí.
La encuesta regional de Latinobarómetro realizada anualmente desde 1996, muestra que 77% de los latinoamericanos consideraba que la economía de mercado era buena para sus países en 1998, en contraste el apoyo disminuyó a 16% en 2003. Concurrentemente, el respaldo a la privatización de las empresas públicas se redujo de 46% en 1998 a 22% en 2003.11 Si bien las reformas aumentaron el crecimiento y el ingreso por habitante, lo han hecho en forma modesta, por debajo de las promesas de los reformadores de los ´90 y de las expectativas creadas en la población por las mismas.
Posiblemente ello explique por qué hay varios enfoques que buscan elementos adicionales a los tradicionales de las instituciones financieras internacionales, o el Consenso de Washington, i.e.: el Consenso de Copenhangen, el Enfoque Pragmático de Shangai y el Reto del Milenio promovidos por la revista The Economist, el Banco Mundial y la USAID, respectivamente. 12
Sin embargo, es erróneo considerar que los países de América latina están forzados inexorablemente a bajos ingresos y desigualdades sociales debido a las políticas de una economía de mercado apoyadas por los EE.UU. y los organismos financieros internacionales. Chile se encamina firmemente a convertirse en un país latinoamericano del primer mundo con base en su economía social de mercado que pone énfasis en el crecimiento económico con equidad. También varios países asiáticos han logrado sostener altas tasas de crecimiento, con pobreza y desigualdades sociales decrecientes y lograr niveles de ingreso de países del primer mundo.
El modelo chileno pone énfasis en la racionalidad económica, el pleno aprovechamiento de la capacidad productiva y del potencial de crecimiento del país, una creciente integración al mundo, un alto grado de competencia y transparencia en los mercados, el superávit fiscal e incentivos al ahorro y la inversión, un sistema financiero sano y seguro con bajos riesgos de cartera, y una política de gasto público con énfasis en los gastos en los sectores sociales para reducir la pobreza y eliminar la indigencia.
Hace varios años Chile definió reglas del juego claras e impersonales, y realizó el grueso de las reformas estructurales de primera generación—apertura al comercio exterior, privatización de las empresas públicas, liberalización de los mercados financieros y cambio del sistema previsional—y están suficientemente consolidadas como para considerar una vuelta al pasado.
Además, en la última década, Chile profundizó la apertura comercial por la vía de negociar acuerdos de libre comercio con las principales áreas geográficas del mundo, avanzó en la desregulación de los flujos de capitales y ha implementado innovaciones positivas al funcionamiento de los mercados financieros; incorporó masivamente al sector privado internacional en la construcción de infraestructura económica mediante un régimen de concesiones públicas, tiene en marcha reformas importantes al sistema judicial, y en trámite legislativo o ya han sido aprobadas diversas iniciativas que apuntan hacia la modernización del Estado y a remover obstáculos regulatorios a la iniciativa privada.
También, Chile dispone de una admirable administración macroeconómica, basada en un profesional y consolidado Banco Central autónomo y una regla fiscal sensata y contracíclica, que le permite lograr muy bajas inflación y tasas de interés reales en la actualidad con cierta independencia de los mercados externos.
Por otra parte, las reformas económicas de mercado parciales emprendidas por Cuba en 1993 no sólo detuvieron la brusca caída del PIB sino que condujeron a una recuperación parcial a partir de 1995. Asimismo, las reformas de mercado promovidas por Cuba en la primera mitad de los ´80 determinaron un quinquenio (1980-1985) de elevado crecimiento.
LAS REFORMAS REQUERIDAS PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO CON EQUIDAD Y ASÍ REDUCIR LA POBREZA Y LAS DESIGUALDADES SOCIALES
Independiente de qué modelo socioeconómico Cuba selecciona, el país necesita crecer y así enfrentar las necesidades básicas, el empobrecimiento y las desigualdades sociales y regionales crecientes, para lo que deberá adoptar un conjunto de políticas e instituciones consistentes y pragmáticas que le permitan lograr estos propósitos dentro del orden socioeconómico seleccionado. Actualmente, las políticas económicas no están bien estructuradas, son confusas y aplicadas en “zigzag” o inconsistentemente.
Cuba tiene condiciones iniciales muy difíciles para el cambio, ya que ha experimentado un progresivo endeudamiento externo, con declaración de moratoria en 1986, consecuencia de déficit permanentes de balanza de pagos y fiscal a pesar de ser una economía en contracción y con insuficiente integración al proceso de globalización internacional; tiene un bajo nivel de formación de capital físico, posiblemente menor que los niveles requeridos de reemplazo, el incuestionable “talón de Aquiles” de la reactivación en marcha;13 tiene un perfil demográfico con una población estancada, más vieja y con un índice de dependencia elevado; 14 alta tasa de desempleo excedente o disfrazado; elevada tasa de deuda previsional; así como fuertes desequilibrios a los precios macroeconómicos claves existentes, i.e., tasa de cambio, tasa de interés y salarios, con presiones inflacionarias abiertas o encubiertas.
En resumen, Cuba está macroeconómicamente en un perverso y frágil esquema tipo Ponzi al descapitalizarse y endeudarse interna y externamente en un fracasado intento, con todas sus frustraciones, de recuperar los niveles de consumo por habitante de 1985. Adicionalmente, Cuba tiene que enfrentar una nueva estructura demográfica con una población prácticamente estancada, que vivirá más, deberá ser productora y consumidora vigorosa por más años y tener una productividad creciente. Para ello requerirá una mayor y permanente capacitación laboral, así como un tratamiento de salud, condiciones sanitarias y un sistema de seguridad social más apropiados a esta nueva realidad.
Medidas, tales como reducir el déficit fiscal, unificar la tasa de cambio y establecerla a un nivel competitivo, liberalizar los precios y los mercados, permitir y facilitar la pequeña y mediana empresa, el libre ejercicio de las profesiones y de los oficios, son indispensables en los dos modelos alternativos a fin de lograr la estabilidad, la creciente apertura e inserción internacional, y promover la iniciativa privada, el espíritu empresarial y la competencia económica. O sea, han sido empleadas exitosamente tanto por las economías sociales de mercado como por las economías socialistas de mercado, siendo la diferencia la rapidez, amplitud y profundidad con que se han implantado. En cualquiera de los dos modelos alternativos, la relación entre la política económica y la social es de complementariedad y de sinergía. Los economistas y académicos de la Isla mencionados en este ensayo y varios otros, así como Mesa-Lago (2003), han identificado un conjunto de esas medidas que podrían adoptarse de inmediato para recuperar el crecimiento y alcanzar niveles tecnológicos modernos.
La apertura externa e integración con el resto del mundo es una base potenciadora para generar en el mediano y largo plazo posibilidades de producción y de consumo de una economía mucho más dinámica y flexible. Ese dinamismo y flexibilidad están más favorablemente asociados con mercados más eficientes, profundos y de mayor movilidad efectiva para el trabajo y el capital que el que caracteriza a los mercados de factores en una sociedad cerrada hacia el exterior.
Es pertinente señalar, no obstante, que hay diferencias importantes en cuanto a estrategias, instrumentos y énfasis sobre cómo lograr las metas económicas principales, dentro de un contexto de políticas favorables a una economía de mercado descentralizada aún dentro de cada modelo.
Adicionalmente, las antiguas economías socialistas requieren adecuar y dinamizar sus instituciones para el cambio y para crecer, después de haber tenido instituciones muy rígidas e inflexibles que no estimulan conductas racionales ni individualistas que el mercado, la globalización y una economía basada en el conocimiento requieren.
Por ello, Cuba deberá hacer arreglos institucionales más flexibles que los vigentes sobre organización económica, el régimen de propiedad y la participación ciudadana que permitan y promuevan la iniciativa individual y la competencia, así como establecer nuevas instituciones para crecer con equidad que dependerán mucho del modelo de transición seleccionado. O sea, estos arreglos e instituciones difieren sustantivamente entre las economías sociales de mercado y las economías socialistas de mercado, aunque también hay otras variantes que dependen de los antecedentes y tradiciones históricos y culturales de cada país. Estos arreglos determinan qué propiedad y producción se reserva al Estado en los diversos sectores económicos, así como el papel del Estado en la sociedad, o sea, el grado de privatización de las empresas de servicios públicos y el grado de regulación al sector privado.
Una visión simplista considera que la mayor y más rápida privatización es lo mejor. Sin embargo, las experiencias adversas de la República Checa, Rusia y Ucrania, establecen serias dudas sobre ello, ya que la concentración del poder económico, social y político resultante ha sido tan marcada que la economía es poco competitiva y relativamente inflexible. En cambio, países que lo han hecho más lentamente como Eslovenia, Hungría y Polonia o que prácticamente no lo han hecho como China y Vietnam han logrado tener economías más competitivas y dinámicas.
Asimismo, visiones simplistas e ideológicas rechazan un papel activo del Estado en la transición y consideran que las políticas funcionan en piloto automático; sin embargo, es necesario un papel activo del Estado para lograr el crecimiento económico con equidad mediante medidas para alentar mercados competitivos y flexibles,15 apoyar una mayor igualdad de oportunidades, asegurar la cobertura de necesidades básicas y una calidad de vida mínima para la población. Cuba requiere políticas públicas coherentes y complementarias que generen “círculos virtuosos” o sinérgicos a favor del crecimiento, promuevan el equilibrio macroeconómico, el espíritu emprendedor y la innovación de su población, estabilidad y respecto por el marco jurídico, y los acuerdos necesarios en torno a esas políticas e instituciones que afecten positivamente la capacidad de desarrollo del país.
Las economías socialistas de mercado suelen ser más inflexibles para realizar los cambios institucionales requeridos porque pretenden preservar el poder político del partido comunista. En contraste las antiguas economías socialistas que transitan hacia la economía social de mercado suelen hacer mayores cambios institucionales, aunque siempre existen burocracias interesadas en preservar su poder. Sin embargo, a veces, la dinámica de esos cambios puede crear implosiones, desorganizaciones o colapsos al pasar de un orden social a otro, los que no se superan fácilmente. También, es difícil realizar los cambios de propiedad para que distribuyan equitativamente los activos de la sociedad o los restituyan a los antiguos propietarios o a sus descendientes.
PRINCIPALES COMPONENTES DE UNA POLÍTICA SOCIAL PARA LA TRANSICIÓN
Cambios para Ajustar los Servicios Sociales Públicos a la Situación del País
Dado el elevado monto de los recursos que Cuba dedica a los gastos en red de protección social (casi 30% del PIB para los sectores sociales y del 41% si se incluye el pago al empleo excedente y los subsidios implícitos a los bienes racionados en 2003, ver Gráfica 3 y Cuadro 1)16 cualquier plan de recuperación y crecimiento económico elevado y sostenido con reducción de la pobreza y de las desigualdades sociales, debe analizar y replantearse cómo utilizar dichos recursos en la forma más efectiva y eficiente posible. Asimismo, cómo ajustarlos al nuevo perfil demográfico y a una economía de mercado con mayores desigualdades sociales, pero tratando de reducirlas, tal como lo han hecho efectivamente algunos países de Europa central (Svejnar, 2002, p. 19).
La solución no es gastar más en la red de protección social, sino gastar más efectivamente, tal como lo muestran varios estudios tanto para los países desarrollados como para los países en desarrollo. Es necesario pasar de la asignación de recursos a los resultados, de la cobertura a la calidad, de la uniformidad a la personalización de los servicios y de la burocraciaideológica al control ciudadano.
A continuación, así como en el Cuadro 3, se resumen las principales medidas propuestas para los sectores sociales, con cinco tipos de ajustes substantivos distintos al enfoque existente donde el Estado ha asumido la gestión y producción prácticamente exclusiva de estos servicios, aunque tratando de darle continuidad a algunos de sus aspectos positivos.
Estas medidas están orientadas a: (1) mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios públicos ofrecidos, descentralizando su gestión y prestación; (2) ajustar los gastos en los sectores sociales para atender al nuevo perfil demográfico; (3) alentar una mayor participación de la actividad privada y de las organizaciones de la sociedad civil en la prestación de los servicios sociales, así como en la provisión de los servicios complementarios i.e., el aseo de las instalaciones, la provisión de alimentos, etc. o sea cambiar su característica de estatal a mixto (público/privado), no sólo para mejorar directamente los servicios ofrecidos sino también para incorporar y promover competencia en ellos, y supervisarlos mejor; (4) focalizar los servicios públicos gratuitos en los servicios básicos y en las personas más pobres, vulnerables y atrasadas de la sociedad, la población negra y las provincias orientales; y (5) eliminar los servicios privilegiados gratuitos para funcionarios de las fuerzas armadas, la seguridad interna, etc. o hacerlos pagar apropiadamente por ellos, así como prescindir de las becas y los servicios gratuitos en el extranjero que no corresponden a la situación financiera y de desarrollo del país. Estas medidas se presentan en mayor detalle en el Anexo 1. Adicionalmente los cambios propuestos para los sectores de educación y salud que deberán cambiar de sistemas públicos a sistemas mixtos (público/privado) se plantean en mayor detalle en el Cuadro 4.
Según un último estudio de CEPAL (2004a), el gobierno cubano está adoptando algunas medidas como las propuestas en este trabajo y está focalizando los gastos reales de asistencia social por habitante que se expandieron substancialmente de CU$18 en 2001 a CU$36 en 2003. Sin embargo, se requieren acciones aún más vigorosas para transformar los servicios sociales de Cuba.
Hay varias áreas de educación, capacitación, actividades culturales, temas en la prevención, seguimiento y solución de carencias de salud, etc. que pueden ser provistos o supervisados mejor por organizaciones libres, participativas, descentralizadas y especializadas de la sociedad civil, que presionen por mayores y mejores resultados, información y transparencia en la gestión pública. Esas organizaciones pueden hacer un aporte a la transparencia y la probidad de las funciones públicas que es necesario para el funcionamiento de un Estado moderno y responsable ante la ciudadanía. La sociedad tiene derecho a fiscalizar activa y continuamente el desempeño de sus autoridades. Desafortunadamente, la participación ciudadana y comunitaria en Cuba es a través de las organizaciones políticas (comités de barrio, organización de mujeres revolucionarias) lo que la distorsiona políticamente y la hace innecesariamente rígida y complicada en lo técnico.
A continuación se resumen las principales medidas propuestas para los sectores sociales (en el Anexo 1 se presentan mayores detalles):
• En educación, romper la tradición estatista y establecer un sistema público/privado o mixto, aumentando la eficiencia del sector público para hacerlo financieramente menos gravoso y mejorar la calidad de los servicios brindados; capacitar permanentemente a los empleados, técnicos y profesionales necesarios para extender la edad de jubilación, ajustando la educación ofrecida a las demandas de un mercado internacional competitivo y suministrando incentivos adecuados; desalentar la matrícula en las profesiones donde hay excedentes como medicina y pedagogía;17 permitir las actividades privadas en los tres niveles educativos; eliminar el programa de becas para estudiantes extranjeros; y focalizar la educación universitaria gratuita en las personas de las familias más pobres y vulnerables.
• En salud, establecer un sistema público/privado como en el caso de la educación, aumentando la eficiencia del sector público para hacerlo financieramente menos oneroso y mejorar la calidad de los servicios brindados; ajustar los servicios preventivos a una población con un perfil demográfico diferente y con distintas necesidades (i.e.: importancia de la atención al adulto mayor con hábitos de alimentación más adecuados y estilos de vida más sanos como evitar el sedentarismo, el tabaquismo y el alcoholismo); permitir la práctica privada de médicos, dentistas y enfermeras; privatizar los hospitales excedentes, las industrias farmacéutica y biotecnológica; focalizar los servicios gratuitos de salud curativa en la población de bajos ingresos; eliminar las desigualdades existentes en los servicios públicos brindados a los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad interna o cobrar apropiadamente por ellos.
• En vivienda, brindar libertad e incentivos, entre otros, mediante el desarrollo de un sano y seguro mercado hipotecario para que la actividad privada se ocupe fundamentalmente de atender el sector y para que la población repare, permute, alquile y construya nuevas viviendas; focalizar los recursos del Estado para la construcción y reparación de viviendas en la población más pobre, la población vulnerable, la población negra y las provincias más atrasadas.
• En seguridad social, reestablecer las contribuciones de los empleados; extender y hacer atractiva la cobertura del sistema a los empleados de la actividad privada y los trabajadores por cuenta propia; elevar gradualmente la edad de retiro a 68 años para ambos sexos de acuerdo con el incremento de la esperanza de vida; establecer un programa voluntario complementario de pensiones con capitalización individual para los que deseen y puedan realizar contribuciones; establecer una pensión mínima para los jubilados pobres; y ajustar las contribuciones de los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad interna de acuerdo a sus futuros beneficios.18
• En los servicios de agua potable y sanitarios, establecer el marco institucional y regulatorio para realizar concesiones públicas que permitan movilizar los recursos privados para expandir y modernizar estos servicios que son necesarios para las viviendas adicionales necesarias, mejorar las tasas de mortalidad y morbilidad, y extender la edad de retiro. Otorgar subsidios a las personas de bajos ingresos para que puedan acceder y pagar por los servicios.
El Establecimiento de una Red de Atención Focalizada de los Servicios Sociales Públicos
En vista del incremento de la pobreza y la desigualdad, la política de proporcionar subsidios universales e igualitarios gratuitos para los productos racionados y servicios sociales a toda la población, incluyendo a los que tienen mayores ingresos y riqueza, desperdicia los recursos públicos disponibles en quienes no lo necesitan y reduce la provisión de ayuda suficiente a quienes realmente la necesitan.
Por ello, la política propuesta de una atención focalizada de servicios sociales públicos (AFSSP), siguiendo la experiencia chilena, transformaría el actual suministro universal e igualitario de subsidios para los productos racionados y los servicios sociales públicos gratuitos y lo focalizaría principalmente en la población más pobre, cuyos ingresos no satisfacen las necesidades mínimas alimenticias, y en la población vulnerable. Así se mantendrían los servicios básicos para toda la población, pero habría una reducción en el alcance gratuito de la atención curativa de la salud y en el nivel universitario para los beneficiarios de los sectores de ingresos medios-altos y altos de la población. Sin embargo, esto requiere diseñar los programas sociales sectoriales de acuerdo con los grupos objetivos, sus características centrales y los medios más efectivos para atenderlos sin crear incentivos perversos.
La política propuesta tendría un impacto favorable sobre la pobreza, la distribución de ingresos y aliviaría las desigualdades actuales. Académicos e investigadores de la Isla como Carranza, Gutiérrez y Monreal, defendieron tales cambios desde mediados de los ´90 (Carranza, Gutiérrez y Monreal, 1996, p. 107).
En el segundo modelo alternativo, donde el mercado operaría con mayor libertad que en el primero, los precios de los bienes de consumo, los servicios y las viviendas posiblemente subirían más, lo cual aumentaría la necesidad de la AFSSP. Esta suministraría ingresos suplementarios temporales focalizados en los más pobres y en los más vulnerables, previa evaluación de sus ingresos y su situación, para garantizar una subsistencia adecuada (alimento, vivienda, agua potable, alcantarillado).
La AFSSP deberá tener una administración sencilla y ser monitoreada cuidadosamente para asegurar que esté ceñida particularmente a la población objetivo. Estos pagos deberán complementarse por la continua atención a la salud y la educación gratuitas de calidad a los más pobres y vulnerables. La AFSSP es un instrumento clave para facilitar las reformas estructurales propuestas en una sección anterior y aliviar sus posibles efectos negativos. Ella deberá acompañarse por una campaña de información general inteligente a la población, explicando la lógica solidaria y las prioridades del programa de la AFSSP y de las otras reformas.
¿Cómo Superar las Crecientes Desigualdades Raciales?
El problema central de la población negra es de pobreza en un país de bajos ingresos y que está en retroceso, si no repara en ello no se va a comprender cabalmente su situación ni mucho menos desarrollar una política integral que la beneficie. Es necesario contar con una política de Estado para que ella supere las desconfianzas y los problemas que existen hoy. Algunas de las propuestas positivas de Mesa-Lago por sí solas, o sea dentro del marco de una economía estancada, tenderían a agravar las tensiones entre ella y el resto de los cubanos, propenderían a tensiones y separación más que a integración.
Es fundamental disminuir las desigualdades que han surgido como consecuencia del retroceso económico de los últimos 20 años que la ha perjudicado particularmente y favorecerla mediante una preferencia o discriminación positiva en los gastos en los sectores sociales de forma de brindarle una verdadera igualdad de oportunidades y asegurarle una calidad mínima de vida. La forma principal de asistirla a superar la situación existente es mediante un crecimiento elevado que reduzca la pobreza, los retrocesos económicos en general perjudican principalmente a las poblaciones marginales, y a aumentar la base económica para realizar gastos en los sectores sociales focalizados que la ayuden primariamente como un grupo postergado de la sociedad cubana.
Las medidas específicas que Mesa-Lago recomienda para enfrentar las desigualdades raciales existentes si bien son convenientes, son insuficientes, pues tenderían a crear presiones adicionales. Entre ellas están: (1) una discusión pública orientada a enfrentar y resolver la cuestión de la discriminación racial que perdura en Cuba en los medios masivos de comunicación, los centros de trabajo y las escuelas; (2) permitir a la población negra que se organice en asociaciones y movimientos para defender sus derechos y continuar sus avances, como lo ha hecho en los EE.UU., Sudáfrica y otros países; (3) brindarle especial atención en la provisión de casas; (4) asegurar que sea tratada sin discriminación en la contratación y ascenso en los trabajos, principalmente en las empresas extranjeras; y (5) en ambos modelos alternativos, terminar la actual discriminación en el acceso a las instalaciones turísticas contra los ciudadanos cubanos en general y la población negra en particular.
CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES
Actualmente, la desigualdad de ingresos y la pobreza son dos problemas cruciales pendientes en la agenda de modernización y desarrollo de Cuba. El retroceso económico en 1985-2004 ha generado pobreza y crecientes desigualdades sociales y regionales que se han acentuado por las políticas sociales vigentes de servicios públicos universales e igualitarios. Pese a los desafíos que enfrenta, la política económica y social si gue atrapada en los mismos enfoques generadores de la crisis. Si no se crece vigorosa y sostenidamente no se puede distribuir (Triana 2003). Es necesario un ajuste fundamental en la política social dándole mayor énfasis a la focalización, como el gobierno lo ha hecho con los gastos de asistencia social en el bienio 2002-2003.
El retroceso económico ha estado determinado por la falta de mecanismos de mercado, la política cambiaria y el cierre de la economía hacia el exterior, los desequilibrios macroeconómicos, la debilidad de las instituciones públicas y el papel poco eficaz del Estado en formular una estrategia de desarrollo exitosa, lo que se ha acentuado por el fortalecimiento del embargo y otros factores externos. La solución no es una tarea fácil, es necesaria una visión y aplicación apropiada de las políticas de crecimiento de largo plazo para que Cuba pueda superar su situación de pobreza y endeudamiento externo crónico. Una Cuba con reducción de la pobreza, está indispensablemente asociada al crecimiento de la producción y del empleo sobre los que se funda la elevación de la calidad de vida. Los economistas y académicos cubanos saben lo que se debe hacer. Lo que falta es voluntad política de hacerlo.
Este ensayo y el de Mesa-Lago tienen muchas coincidencias fundamentales, pero tienen algunas diferencias de fondo y otras de énfasis sobre los siguientes temas, que ameritan un mayor debate. Las mismas se deben a nuestras distintas apreciaciones de la experiencia histórica de la transición; el papel que el Estado debe tener en la sociedad, subsidiario en lo económico y solidario en lo social; y a la necesidad de lograr un crecimiento elevado y sostenido lo antes posible. Concretamente,
• Una rápida transición al mercado no asegura necesariamente menores niveles de pobreza y desigualdades sociales, ello depende de la forma exitosa que la transición se realice y se progrese en las reformas.
• Las desigualdades sociales y regionales son un resultado inevitable de la transición hacia una economía de mercado, no obstante, no deben alentarse por políticas sociales inapropiadas que no brinden una efectiva igualdad de oportunidades.
• La necesidad de ajustar fundamentalmente los programas sociales (educación, salud, seguridad social, vivienda, agua potable y alcantarillados) al nuevo perfil demográfico del país.
• El sector privado deberá participar activamente en los sectores de educación y salud, encargarse directamente de la industria farmacéutica y biotecnológica, de los sectores de vivienda y de agua potable y alcantarillados. El sector público se debe concentrar en las viviendas de interés social, en establecer sanos y seguros marcos financiero para el mercado hipotecario, así como institucional y regulatorio para un régimen de concesiones públicas en las áreas de infraestructura social.
• La importancia de lograr una mayor participación ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil, como el Proyecto Varela lo propuso, para aumentar la eficiencia y eficacia de los servicios sociales brindados.
• El papel fundamental del crecimiento económico elevado y sostenido, que es una condición necesaria aunque insuficiente, para superar las desigualdades raciales existentes.
BIBLIOGRAFÍA
FOOTNOTES
1. El autor agradece los comentarios y sugerencias de Katrin Hansing del Cuban Research Institute, FIU.
2. Respondiendo así a los llamados de los obispos cubanos y de Osvaldo Payá Sardiñas a un necesario diálogo nacional para superar los difíciles problemas que el país confronta.
3. Esta sección actualiza Castañeda (2000, p. 243-246) con base en CEPAL, 2004a y 2004b. CEPAL, 2004a menciona los derechos de la población a los distintos servicios sociales y tiene muchas estadísticas, pero es más apologético y descriptivo que analítico de las políticas sociales que CEPAL, 1998. Desafortunadamente, el estudio del Departamento de Estado publicado en 2004 (http://www.state.gov/ p/wha/rt/cuba/commission/2004/) no utiliza en general información actualizada sobre los sectores sociales y por ello es poco útil.
4. CEPAL (2001, p. 164) la estimó en 20% anual del PIB en los ´80s.
5. Entre los hogares más pobres se encuentran los que dependen exclusivamente de los salarios reducidos de los trabajadores estatales, las entradas fijas de jubilación o la asistencia social de miembros sin ingresos por iniciativas privadas ni remesas del exterior.
6. La población creció a menos del 1% anual a partir de 1980 y se espera que se expanda al 0.2% anual hasta 2025.
7. Hasta 2001 los gastos en los sectores sociales reales por habitante fueron menores que los del trienio 1989-1991. El gasto real por habitante en educación se redujo de CU$239 en 1989 a CU$120 en 1995 y se recuperó a CU$254 en 2003. En salud disminuyó de CU$131 en 1989 a CU$98 en 1995 y luego aumentó a CU$160 en 2003; en seguridad social se redujo de CU$159 en 1989 a CU$141 en 1995 y se incrementó a CU$166 en 2003; y en vivienda y servicios comunales disminuyó de CU$59 en 1989 a CU$31 en 1993 y 1994, aunque luego aumentó a CU$74 en 2003.
8. La reducción de la pobreza de Chile en los ´90 se atribuye en 60% al crecimiento y 40% a las políticas sociales (World Bank, 2004, p. 2). En el pasado una mayor proporción de la reducción de pobreza de Chile es atribuible al crecimiento y una menor proporción a las políticas sociales (Irarrázaval, 2001). El mayor progreso en la reducción de la pobreza de Chile se produjo cuando la economía creció muy rápido: entre 1987 y 1996, a una tasa promedio anual cercana al 8%, y los pobres disminuyeron desde 45.1% a 23.2% de la población. En dicho período, la indigencia o “pobreza dura,” las personas que ni siquiera tienen los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas, cayó de 17.4% a 5.8% de la población. También hay una clara relación entre la reducción del porcentaje de la población en pobreza y la tasa de crecimiento a nivel latinoamericano (Ocampo, 2004, p. 83). Los canales de esta relación son claros: en una economía dinámica se generan más empleos y mejoran los salarios, dos aspectos centrales para los pobres. Por eso, las políticas que obstaculizan el crecimiento tienen un gran costo en materia de pobreza.
9. La apertura al comercio internacional de China, que comenzó a finales de los ´70, ha transformado la economía del país convirtiéndola en una de las más abiertas y dinámicas del mundo, con exportaciones que ahora ascienden al 25% del PIB. El crecimiento ha sido tan marcado—8% anual en promedio en los últimos 20 años—que la pobreza se ha reducido significativamente. Cuando Fidel Castro visitó Vietnam en 2003, en su tercera visita a ese país, después de contemplar algunas de las transformaciones de Hanoi, declaró: “Estoy verdaderamente admirado, más que admirado, asombrado, de lo que el pueblo ha hecho bajo la dirección del Partido” (cubaencuentro. com, Encuentro en la red, 2 de abril de 2003).
10. Implosión es el colapso violento hacia dentro de una estructura porque las presiones externas son mayores que las internas que la sostienen.
11. Ver http://www.latinobarometro.org/ano2003/Informe-Resumen_Latinobarometro_2003.pdf, p. 57. El BID ofrece una interpretación diferente al señalar que la disminución del apoyo popular a la economía de mercado es atribuible a factores coyunturales y no a las reformas estructurales. Ver BID, “Fatiga de Reformas,” Idea, Vol. 3, enero-abril, 2004.
12. Ver http://www.copenhagenconsensus.com, http://www.worldbank.org/wbi/reducingpoverty/ y http://www.mca.gov/.
13. I.e., la inversión interna bruta se redujo 1.5% y 0.6% en 2002 y 2003, respectivamente.
14. Esta es una característica común a la mayoría de las antiguas economías socialistas.
15. En algunos casos hace falta alguna intervención del Estado, ya que es ineficiente depender de mercados que no funcionan de manera adecuada y que presentan obstáculos al desarrollo.
16. Los gastos en los sectores sociales en relación con el PIB de Cuba son los mayores de la región. Sólo hay 6 países en la región con gastos en los sectores sociales mayores o cercanos al 20% del PIB: Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Panamá y Uruguay.
17. La matrícula universitaria se centró en un 53% en medicina (18%) y pedagogía (36%) en 2002-2003, correspondiendo el 18% a medicina y el 36% a pedagogía.
18. El efecto combinado de aumentar la tasa de retiro a los 68 años y la contribución entre los empleados y las empresas al 19% de los salarios permitirían que los beneficios futuros estén adecuadamente cubiertos por las contribuciones realizadas.
19. CEPAL, 2004a, p. 208.
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