Desde la primera Reunión Anual de ASCE, en agosto de 1991, el llamado “Decálogo” de nuestro genial y querido Presidente Felipe Pazos, nos ha servido de marco conceptual y operativo para seleccionar y desarrollar el enfoque temático de nuestros trabajos y discusiones, incluyendo las expectativas y supuestos básicos sobre en qué consistiría, cuándo y cómo se gestaría el “Período de Transición”.
El propósito de esta breve exposición es el de introducir a ese marco algunas variables conceptuales actualizantes que le puedan imprimir a nuestros trabajos mayor relevancia y utilidad—tanto para la Cuba de hoy como la de mañana—al aumentar el margen de aplicabilidad de nuestros análisis y recomendaciones en el contexto de la realidad cubana e internacional actual.
Cuando en Diciembre de 1990, Felipe Pazos formuló su planteamiento de los “Problemas Económicos de Cuba en el Período de Transición,”1 recien se había producido el derrumbe de la Unión Soviética y de los regímenes comunistas de la Europa Oriental, con el consecuente enorme impacto económico e ideológico sobre una Cuba que fue totalmente dependiente para su protección y sustento de aquellas entidades ya desaparecidas.
Bajo esas condiciones, la subsistencia del régimen imperante en Cuba aparecía como casi una imposibilidad. De ahí la noción de que el régimen, incapaz de reformarse asimismo, desaparecería en muy breve plazo; y solo así podría ocurrir una transición de una economía totalmente estatal a otra de mercado.
Los escenarios que se esbozaron sobre la caída del régimen y su consecuente substitución por uno nuevo, fueron varios, pero preponderó la versión del colapso súbito y en una fecha cercana, con la substitución de las elites marxista-leninistas gobernantes por otras reformistas partidarias de una economía de mercado, la descentralización y reducción de los poderes del Estado, y la privatización de la producción y distribución: es decir, al estilo de lo que había estado ocurriendo en los países del COMECON. Con ese tipo de cambio de liderazgo se creaba un ambiente propicio a poner en vigor los lineamientos básicos de las reformas esbozadas por Pazos. La fórmula o escenario que a éste le parecía más probable y menos disruptivo, era el de una operación quirúrgica basada en un “push” militar.
En este supuesto político se basan mayormente los planteamientos que hace Pazos y apunta que “estos problemas y estas políticas dependerán de las circunstancias en que se produzca la caída de Castro, por lo que son difíciles sino imposibles de preveer; … pero los problemas de la transición serán más difíciles si el cambio de régimen requiere de una lucha larga y cruenta que dañe gravemente el aparato productivo; … debemos diferenciar entre las politicas básicas que deberemos aplicar una vez que superemos los problemas de transición y las medidas temporales que tendremos que adoptar inicialmente.”
Valga subrayar que no obstante no haberse dado el supuesto politico básico, la selección de los problemas críticos y su tratamiento siguen, en general, teniendo vigencia; aunque los ritmos, secuencias, intensidad e interacciones de su aplicación o falta de la misma, se han visto alterados por las resistencias y tensiones de tipo político-ideológico que la continuación del régimen de Castro ha generado en la aplicación de los programas de ajuste y reformas parciales de tipo transcisional emprendidas en 1993-1997. Así y todo, se logró montar un programa de estabilización que ha rendido su propósito tan bien que hasta ahora ha preservado niveles de déficit fiscal sumamente reducidos y en el caso de la inflación, incluso en varios años negativos. En ciertos aspectos claves, parecía copiado de un manual del “Washington Consensus.”
También han tenido lugar ciertas reformas con un modesto contenido de liberación de mercados y de privatización de ciertas actividades, especialmente las relacionadas con los “cuentapropistas,” la producción y mercadeo agropecuario y las “joint ventures” asociadas a la inversión extranjera, las cuales se han tratado de fomentar con cierto éxito. Pero nada de privatizar la propiedad de las empresas estatales que era uno de los puntos capitales de Pazos; aunque gradualmente si se han estado adoptando modalidades gerenciales en las empresas estatales y de tenencia de la tierra agrícola que tienen un cierto contenido de descentralización del sistema de decisiones económicas.
Pero sigue en gran medida en pie el problema básico de un sistema de parámetros de precios administrados, incluyendo los de la mano de obra y del tipo de cambio, que no reflejan los costos sociales ni las preferencias de la demanda; y el de un sistema de control estatal de la actividad económica que “no le permite al pueblo de Cuba (solo a los extranjeros) trabajar, invertir y obtener utilidades.”2
Por otro lado, esa “melange” de contradicciones, unida a las enormes privaciones que ha tenido que sufrir la población, ha llevado a ésta a “resolver” a su manera y como pueda, generándose así la “segunda economía” que no obstante tener un alto contenido de ilegalidad—implícitamente tolerada—ha llegado a adquirir un enorme volumen y a convertirse en una fuerza de transición que a pesar de su poca ortodoxia, habrá de tenerse muy en cuenta.
POSIBILIDAD DE ADELANTAR LA TRANSICIÓN CUBANA
En cuanto a este tema, Pazos hace observaciones muy incisivas, del mayor interés y actualidad para nuestros fines. Dice así:
…no pensaba que el análisis de los problemas de transición pudiera contribuir en forma alguna a acelerar el momento en que esta se produjera; pero ahora sí creo que podrá contribuir, y contribuir en forma decisiva. Me explicaré. Tengo la convicción de que la inmensa mayoria, si no la totalidad, de los miembros del ejército de Cuba está en total desacuerdo con la locura— más grave que la descrita en texto alguno de Psiquiatría—de hacer de Cuba el último bastión del comunismo internacional y de condenar al hambre a nuestra población en una lucha irremisiblemente perdida de antemano: los militares cubanos son hombres inteligentes que no pueden estar de acuerdo con políticas absurdas, sin sentido ni lógica. … Estoy convencido de que estos hombres tomarían el poder si no temiesen que las naciones industriales se abstendrían de reconocer la Junta Militar que ellos instaurasen, y que las instituciones financieras internacionales se negarían a conceder préstamo alguno a la Junta, lo que provocaría el rápido derrocamiento de esta, y posiblemente la condena a prisión de sus miembros por haber apoyado al régimen comunista. … Tenemos que estar plenamente conscientes de esta situación y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para disipar todo temor de esta naturaleza en los oficiales del ejército. Cuando lo logremos, habremos acelerado el advenimiento del período de transición.
Pues bien, he aquí una receta que no debemos dejar en saco roto, como aparentemente ha sucedido hasta ahora. Lo que Pazos implícitamente nos está diciendo—sin mencionar a EUA, solo refiriéndose a “las naciones industriales” y circunscribiéndose a las actitudes y temores de los militares como posible nueva élite dirigente—es qu/e mientras no logremos salir del impase actual en las relaciones marcadamente antagónicas y hostiles entre Cuba y EUA, vamos a carecer del contexto adecuado para que se pueda iniciar un período de verdadera transición; ya que persistirá la atemorización de la población y sus élites dirigentes, así como la expectativa negativa para lograr los volúmenes indispensables de financiamiento externo que se requerirán para avanzar en la transición.
De esta suerte, seguiremos estancados en los actuales titubeos acerca de con que intensidad, rapidez o regresividad se aplica el pequeño pero significativo conjunto de medidas reformistas dictadas o que han estado en consideración para serlo (por ejemplo, las de la pequeña y mediana empresa) a lo largo del “Período Especial.” Medidas que de persistirse en ellas, desarrollándolas y completándolas con otras ya fuere dentro o fuera de la economía formal, podrían convertirse en la fase inicial de una transición gradual a una economía de mercado, socialista o no.
Durante los diez años de existencia de ASCE hemos estado dialogando sobre los problemas económicos gravísimos que ha sufrido y sigue sufriendo Cuba con su Período Especial y hemos cubierto bastante terreno especulando mayormente sobre posibles medidas y políticas iniciales de una transición post-Castro y sobre los cambios sistémicos de políticas, instituciones y estructuras que deberían o podrían establecerse en aquella oportunidad.
Pero dada la enorme transcendencia del factor político para llegar a la determinación de las relaciones externas indispensables para echar a andar la transformación y el desarrollo de la economia de la Isla, parecería que a estas alturas, sopena de menoscabar seriamente la relevancia de nuestro diálogo, no deberíamos seguir operando preponderadamente sobre la base de un supuesto político—implícito o explícito—que después de diez años, ha venido a ser algo así como el sueño de una noche de verano. El análisis de los problemas y sus soluciones no deberían ser aplicables solamente o preponderantemente, a una supuesta y enigmática “transición” que en alguna forma habrá de venir en su dia, una vez haya desaparecido el régimen actual que gobierna la Isla.
PRONTA SOLUCIÓN DEL IMPASE CUBANOAMERICANO: REQUISITO PARA UNA RÁPIDA TRANSICIÓN
Para resolver el impase en que actualmente se encuentra sumido el inicio de un posible proceso de transición en Cuba—ya se ha iniciado una corrección regresiva de algunas medidas reformistas tomadas en 1993-1997—será necesario resolver el impase de las relaciones entre Cuba y EUA. Pero para ello, es a su vez necesario tener en cuenta que no obstante toda la vociferación y las campañas de Castro para lograr el levantamiento del Embargo, en realidad, él no lo desea y quizás no sería exagerado decir que le teme. La razón está en que esa política de EUA ha venido a caracterizar al gobierno de ese país como un formidable e implacable enemigo de la Revolución y del Gobierno de Castro, creándose con ello la popular imagen internacional del David enfrentando al Goliat del Norte que le estrangula y causa todos sus males, muy especialmente el desastre económico. Esta fabricación se ha convertido en el instrumento principal y casi único de que dispone Castro para mantener la cohesión interna necesaria—especialmente la de las fuerzas armadas—y el régimen de represión totalitaria imperante en el país.
Para romper el impase, no se trata de que EUA pase súbitamente de ser enemigo a convertirse en amigo y pase a brindarle a Cuba concesiones comerciales y financieras bilaterales especiales, sino sencillamente que trate a Cuba como EUA trata a los países que no considera enemigos. Llegada esa etapa ya podría tener sentido el uso de las tácticas diplomáticas tradicionales de negociación.
De esta suerte, se crearía un nuevo contexto dentro del cual desaparecerían los temores mencionados anteriormente y se abriría un nuevo espacio económico, financiero y político que conllevaría una revitalización del proceso de transición ya que el régimen tendría, por un lado, la oportunidad de obtener los recursos indispensables para la transición, y por el otro, se habría debilitado enormemente el racional para mantener un sistema estricto de controles y represión totalitarios y estaría aumentando la presión internacional, asi como la de la propia opinión pública, sociedad civil y élites gobernantes nacionales, para salir del estancamiento.
ENFOQUE DE LOS FUTUROS TRABAJOS Y DISCUSIONES DE ASCE
Me atrevería a ponerlo en estos términos: a los efectos de lograr mayor relevancia, y posibilidad de hacer nuestro trabajo operacionalmente más util para nuestros colegas en Cuba, mostrando a la vez una actitud de mayor comprensión y apoyo a los esfuerzos por superar las difíciles fases del ajuste y transición gradual hacia una economía de mercado—socialista o no—deberíamos considerar, si no sería preferible que en nuestros enfoques además de o en vez de nuestro supuesto político básico—el proverbial “en la Transición Post Castro” o “en la Transición del Nuevo Régimen”—optáramos por asumir los de “la Transición con Embargo” (con sanciones) o “la Transición Post Embargo” (sin sanciones).
El racional de esa ampliación o conmutación de los supuestos políticos básicos consiste en que en la fase actual de cambio de la economía cubana, las principales variables requeridas para la generación de una transición económica sostenible, se centran alrededor del tiempo, las condiciones y el contenido de la terminación del Embargo y otras sanciones de USA, especialmente las financieras, asi como del ritmo al que las autoridades cubanas estén dispuestas admitir una gradual pero sistémica transición hacia una mayor apertura de mercados, mayor privatización de la producción y distribución, y una forma de gobierno menos represiva y controladora.
Aquí convendría quizás aclarar que en el concepto de “nuestros colegas en Cuba” mencionado más arriba, incluiríamos no solo a los economistas independientes, en la oposición o disidencia, sino tambien los que están en la esfera oficial: en academia, en los diferentes institutos y centros de investigación, funcionarios de ministerios (incluyendo ministros) y Banco Central (incluyendo el presidente). El hecho de considerarlos nosotros como nuestros colegas no descarta en lo mas mínimo, la posibilidad de que por restricciones o temores de tipo político ellos no puedan o quieran participar en nuestros trabajos Pero si creo que nuestro supuesto operativo debería tomar la vertiente positiva.
Como componente operativo importante de esa nueva actitud hacia nuestros colegas en Cuba y prácticamente indispensable para que nuestros trabajos les sean más útiles, podríamos considerar distintos tipos de contacto y complementación. Entre ellos:
1. Una ampliación considerable de la práctica, ya tentativamente iniciada, de invitar a nuestras reuniones anuales a algunos de nuestros colegas en Cuba, pero abriendo ahora las invitaciones a instituciones y economistas oficiales y no oficiales, tales como:
• La Asociación de Economistas Independientes
• El Banco Central
• Los entes oficiales dedicados a estudios e investigaciones; entre ellos, el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, el Centro de Estudios de América (CEA), el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM); • Y si tuviéramos alguna indicación de interés por su parte, quizás también algún ministerio económico, como Economía y Planificación, Finanzas y Precios, Agricultura, Turismo, Industrias Básicas, etc.
2. Mecanismos de consulta y discusión sobre la temática, contenido y enfoque de nuestros estudios, con el propósito de tenerlos en cuenta al definir tentativamente una porción progresivamente más importante de los estudios a ser presentados en las reuniones anuales de ASCE o si fuere el caso, en reuniones especiales en Cuba.
3. Misiones de estudio y discusión para obtener en Cuba información cuantitativa y cualitativa para la elaboración de ciertos estudios a ser presentados en las reuniones de Miami o en las reuniones especiales en Cuba.
4. En el caso de haberse detectado una disposición positiva entre los entes del lado cubano para participar en nuestras actividades, podría pensarse, para viabilizar ese interés, en obtener financiamiento de ciertas fundaciones como “The Carnegie Endowment for International Peace,” por ejemplo.
ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS Y TAREAS APARENTEMENTE MAS CRÍTICOS PARA LLEVAR ADELANTE EL PROCESO DE AJUSTE Y TRANSICIÓN INICIADO EN CUBA
Aquí no se pretende ser exhaustivo, sino meramente indicativo; ni cubrir la temática asignada a los expositores participantes en esta reunión, especialmente la macroeconómica, la reforma institucional, los ajustes laborales, la codificación de las inversiones, o la problemática del retorno del exilio.
Carencia de ocupaciones adecuadamente remuneradas: el “cuentapropismo” ampliado y la pequeña y mediana empresa privada como entidades claves para atenuar y superar el problema. Uno de los problemas más críticos de Cuba y que hasta ahora poco se ha hecho para atenuarlo significativamente, es el del desempleo, desempleo disfrazado, subempleo, mal empleo y desmoralización de la población en edad de trabajar. En 1998-99 alrededor del 55% de esa población estaba sin empleo formal; y del 45% que si tenía empleo formal, una proporción enorme—el 80%—estaba en entidades estatales percibiendo niveles de remuneración de US$11/mensual como promedio y US$22/mensual en los niveles profesionales más altos. Esas remuneraciones son insuficientes para cubrir las necesidades vitales de las familias, no obstante los subsidios derivados de las libretas de racionamiento, los servicios gratuítos de salud, educación y vivienda barata; dando por resultado que en forma masiva la población se vea obligada a “resolver” recurriendo a actividades al margen de la ley, en la llamada “segunda economía,” perdiendo interés en trabajar para el Estado, haciéndolo con un rendimiento muy bajo y buscando otras alternativas. El trabajo “por cuenta propia” es la más importante, pero en los ultimos años ha sido objeto de una campaña de desaliento que ha logrado reducir significativamente—a solo 160,000—el número de “cuentapropistas legales,” mientras por otra parte, aumentada el de los ilegales en la “segunda economía.”
A medida que avance el “Programa de Perfeccionamiento” y reestructuración de las empresas estatales, tenderá a acentuarse el problema del desempleo, subempleo, y de los desplazados con sueldo parciales como subsidio estatal. Con lo cual crecerá la presión para que la “segunda economía” se expanda aun más de lo que ya lo ha hecho (según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas ya en 1995 la economía informal abarcaba el 50% de la circulación de mercancías). Lo cual parecería indicar que no obstante las loables pero modestas reformas llevadas a cabo hasta el presente por el régimen, su pasión controladora, excesivamente gradualista y defensiva de conceptos doctrinarios que actualmente resultan anacrónicos en el contexto de las disponibilidades y expectativas de recursos, están convirtiendo en un triste mito la existencia de una economía socialista en Cuba.
La actividad hasta ahora seleccionada como motor del crecimiento, el turismo, utiliza relativamente poca mano de obra. Al inicio de 1999 empleaba alrededor de unas 81,000 personas o sea la mitad de los “cuentapropistas” legales en existencia entonces y equivalente a cerca de una tercera parte de los que había antes de iniciarse la campaña regresiva. Además, el turismo en Cuba opera con un coeficiente de valor agregado nacional muy bajo, de 30% de los ingresos brutos del sector y entre 3% y 4% del PIB nacional. Parecería que en el futuro inmediato, no obstante los esfuerzos que se hagan para incrementar el valor agregado nacional del sector de turismo mediante su interconexión con el resto de la economía, la capacidad nacional de absorción de mano de obra y de recuperación económica (según estadísticas oficiales, en 1999 el PIB a precios constantes era sólo un 80% del de 1989 y según ciertos analistas no se podría igualar hasta el año 2010) dependerá en gran medida de que se expanda substancialmente y se incentive el “cuentapropismo,” liberándolo de las restricciones actuales, especialmente de la prohibición de contratar mano de obra.
Y lo que es aun mucho más importante para aumentar esa capacidad de absorción y recuperación económica es que se legalice para los cubanos la posesión y operación de pequeñas y medianas empresas para producir una amplia gama de bienes y servicios. Aspecto éste que hace unos pocos años fue considerado en los medios de divulgación pública y a distintos niveles del Gobierno, al punto de haberse llegado a la formulación de una propuesta para una posible ley.
La crisis de la producción azucarera. La producción cubana por antonomasia, el azúcar, que provee alrededor de unos 420,000 empleos y de la cual más de un millón de habitantes dependen para su sustento, se encuentra en un estado desastroso de eficiencia y capacidad productiva. Las últimas zafras han sido, en general, las más pequeñas y de más bajos rendimientos agrícolas e industriales de la última mitad de siglo. Han sido también las más costosas, al punto de resultar en una pérdida neta para el país calculada por ciertos analistas en unos $550 millones para la zafra 1997/98, teniendo que ser subsidiadas por el Estado, en vez de generarle ingresos. Los equipos y la infraestructura agrícola y manufacturera, están en serio estado de deterioro, además de estar tecnológicamente obsoletos y ser muy intensivos en consumo de energía. La mano de obra está totalmente desmoralizada, con remuneraciones muy bajas—son empleados del Estado—y condiciones de trabajo poco satisfactorias, al punto de notarse su ausencia de los campos de caña aun durante la cosecha y la siembra, interrumpiéndose la molienda y teniendo que mantenerse ingenios cerrados por falta de disponibilidades de caña. Ademas hay carencias de piezas de repuesto, combustibles, fertilizantes, herbicidas y otros insumos de la producción, cuya adquisición y distribución esta centralizada en entidades estatales que no siempre lo hacen en las cantidades y especificaciones requeridas por las unidades de producción.
El Gobierno tendrá que hacerse un replanteamiento sobre el role que quiere darle a la industria azucarera en el contexto de pobres expectativas de precios en el mercado internacional y altos costos en la producción nacional. En realidad, parecería como si el país hubiera perdido su ventaja comparativa en la producción de azúcar, lo cual señalaría la posibilidad de considerar reducciones adicionales en la producción y una concentración mayor en mejoras de eficiencia y reducción de costos: lo cual requeriría fuertes inversiones adicionales en nuevo equipamiento y encontrar las modalidades necesarias para motivar y hacer más eficiente la producción cañera.
En fin, la industria azucarera requiere ser adecuadamente reestudiada y analizada con criterios técnicoeconómicos con la finalidad de poder llegar a conclusiones acerca del replanteo que debe hacerse de la misma. Pero en el interín podrían implementarse medidas temporales para ir resolviendo algunos de los problemas mencionados en los dos párrafos anteriores y quizás adoptarse ciertas reformas tendientes a mejorar el funcionamiento de las UBPC cañeras. Pero además, habiéndose demostrado la mayor eficiencia de las UBPC sobre las granjas estatales cañeras, cabría reordenar éstas convirtiéndolas en UBPC reformadas, con mayor autonomía y capacidad de decisión sobre su equipamiento, insumos, contratación de mano de obra, areas sembradas y de corte, etc.
La crisis de la agricultura y su subsidio al Estado. En realidad, no es solo la actividad azucarera que está en crisis, sino el sector agrícola en general. Este ha estado sufriendo una acentuación del problema de la emigración de la mano de obra rural hacia las ciudades, sin haber logrado alcanzar niveles de productividad, diversificación y producción suficientes como para tan siquiera aproximarse a una autosuficiencia alimenticia de la Isla o a suplir los alimentos necesarios a la industria turística, ni a contribuir a la tan necesaria expansión y diversificación de las exportaciones.
Un componente clave de esta situación tiene que ver con los parámetros básicos de precios que descriminan contra el sector y que son fijados y administrados por el Estado, fundamentalmente a través del sistema de monopolios y monopsonios estatales llamados “acopios,” a los cuales las entidades productoras tienen que vender su producción o un porcentajo muy elevado de la misma—el 70%—según sea el producto, a precios artificiales sumamente bajos fijados por el Estado. Y por otra parte, sólo pueden obtener los insumos de materiales, herramientas, repuestos, maquinaria, etc. en los “acopios” a precios no subsidiados, centralmente determinados por el Estado, y en cantidades y especificaciones que el “acopio” determina. Las porciones no entregadas a los “acopios” se venden en los mercados agropecuarios libres establecidos a partir de 1994, a precios determinados según la oferta y la demanda del momento y del lugar. Aunque recientemente se ha establecido una nueva clase adicional de mercados que no son tan libres porque operan dentro de ciertos límites de precios máximos.
De esta suerte, durante el Periodo Especial la agricultura ha pasado de ser el sector más subsidiado—en la época que aún preponderaban las granjas estatales y durante el Plan Alimentario—a ser uno de los sectores o el sector que es más gravado por el Estado, al efecto de cubrir servicios sociales como es el régimen de las tarjetas de racionamiento para alimentos a muy bajos precios.
Parecería que esa situación debería ser ajustada lo más pronto posible. Pero el ajuste también podría ser gradual de ser necesario para dar un margen de tiempo a la obtención de fuentes alternativas de recursos con que cubrir los costos de los programas como el de la libreta de racionamiento. De esta suerte, las proporciones de la producción a ser entregada a los “acopios” se podrían reducir gradualmente hasta su extincion. Y/o se mejorarían los precios a ser pagados por los “acopios,” reduciendo así el diferencial entre los precios de mercado y los fijados por el Estado; y se eliminaría el control de los “acopios” sobre los suministros, facilitando vías alternativas para su adquisición. Además, débese dar mayor o total libertad de decisión a las unidades de producción sobre cuáles cosechas y cuánto van a producir de cada una.
Además de la corrección de los parámetros de precios del sector agrícola, será necesario tomar otras medidas adicionales sobre la estructura de las unidades de producción, orientadas a conservar y ampliar la capacidad empresarial y de mano de obra rural y mejorar su eficiencia y productividad. Esas medidas podrían ser: transformación progresiva de las Empresas Agropecuarias estatales y quizás tambien de las Granjas Militares, en Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), Cooperativas de Crédito y Servicios, y productores individuales.
Aceleración, profundización y ampliación del proceso de Perfeccionamiento Empresarial. El objetivo de este programa es hacer las empresas estatales más eficientes y fomentar una mayor dedicación de los gerentes y el personal, a la vez que se elimina el patronazgo y la extendida práctica del pequeño hurto Este programa es clave para hacer las empresas estatales más productivas y generar núcleos de capaces empresarios y administradores, en base a principios contables y gerenciales modernos y mayor autonomía para tomar decisiones claves, tales como: las características, montos y mercados de los productos a elaborar; las tecnologías y combinaciones de factores a utilizar; las remuneraciones e incentivos a sus empleados; el destino de sus utilidades y los montos y fuentes de su financiamiento; la adquisición, procedencia y especificaciones de sus insumos y equipos.
Sin embargo, dicha autonomía, en la práctica se aplica en forma condicionada y con interferencias de las autoridades centrales. Además, el programa se está retrasando mucho dada la resistencia que ha encontrado por parte de la burocracia, gerentes y oficinistas. Solamente 88 empresas han completado el programa y de éstas, 72 son de las Fuerzas Armadas. No obstante los esfuerzos hechos por el gobierno para capacitar gran cantidad de contadores, son relativamente pocas las empresas que hayan logrado establecer sistemas aceptables de contabilidad, lo que se considera como la primera fase del proceso para llegar a ser una empresa perfeccionada. La Oficina Nacional de Auditoría en un reciente informe refiere que continúa el bajo nivel de la calidad de la contabilidad en las empresas estatales.
Un aspecto de la reestructuración de la empresa estatal que, de generalizarse, podría ser muy importante para la descentralización de la gestión económica, es la reciente introducción de Juntas de Gobierno en 26 empresas. La función del Estado como propietario esta representada en las Juntas, como es el caso de los accionistas en las Juntas Directivas de una corporación privada; y no está representada en la operación directa de la empresa.
En realidad, parecería que el modelo actual de empresa estatal debería reformarse para convertirlas en corporaciones similares a las llamadas Sociedades Anónimas, también empresas propiedad del Estado, pero que operan con total independencia, tanto para las transaciones dentro como fuera del país, al punto de incluso competir entre ellas. Algunas de las más importantes de ese tipo de empresas son las que forman los dos grandes holdings de CIMEX y CUBANACAN.
El ajuste del sistema de precios: Requisito para el éxito del proceso de Perfeccionamiento Empresarial de las empresas estatales Aunque aquí no se pretende cubrir la temática macroeconómica—esto cabe a otros exponentes de esta reunión—sí queríamos señalar que para lograr empresas estatales más eficientes y competitivas, será necesario poner progresivamente a funcionar las fuerzas del mercado, como ya se está haciendo en cierta medida, en el caso de las Sociedades Anónimas referidas en el párrafo precedente.
Ello implica, entre otras cosas: una gradual reducción y/o desmantelamiento del sistema de precios administrados, ya anteriormente referido para el caso del sector agrícola; una liberación de las remuneraciones de la mano de obra; y una homogenización gradual de los diferenciales actualmente existentes entre los mercados de la “economía del dólar” y los de la “economía del peso,” con todo lo que ello pueda significar en cuanto a ajustes de tasas y controles cambiarios y de significativas repercusiones sobre el presupuesto del Estado. Razón, esta última que hace pensar será muy dificil avanzar en esa dirección, mientras sigan en pie el Embargo de EUA y demás sanciones económico- financieras complementarias,
Consolidación y complementación de la reforma bancaria y financiera. Las leyes y una porción creciente de las instituciones o sea, las entidades instrumentales, en buena parte estan ahí, salvo algunas excepciones claves que deberán cubrirse más adelante. Lo importante ahora es como se conformarán y usarán los instrumentos existentes para que el sistema bancario pueda desempeñar la función clave que le cabe en la recuperación y la transición.
Ahora todos los bancos son estatales—menos las sucursales de bancos extranjeros—y la tendencia actual parece ser hacer la profundización, el “deepening,” del sistema financiero creando nuevos bancos del Estado. Actualmente parece que existen unos 10, incluyendo el Banco Central. Esta tendencia, acompañada del afán de control de los órganos del Estado sobre la población y las transacciones económicas, están creando situaciones adversas al desarrollo de un eficiente mercado de capitales. Así, el condicionamiento político sigue afectando muchas operaciones bancarias de préstamos; las utilidades que las empresas depositan en sus cuentas bancarias tienden a ser retenidas en esas cuentas y aún las empresas tipo “joint venture,” deben obtener aprobación ministerial antes de gastar cantidades significativas .
En cuanto a los depósitos personales—actualmente más del 40% de adultos tienen cuentas bancarias— cabe señalar que no obstante haberse creado recientemente cuentas de ahorro que devengan intereses, aunque muy modestos, y haberse introducido algunos servicios financieros adicionales, los depósitos de ahorro crecieron solo 1.9%, cuando en el mismo período el circulante lo hizo un 10.7%, mucho más que el PIB. Ese poco crecimiento del ahorro bancario personal probablemente se debe—aparte de que la población que vive dentro de la economía del peso legal no tiene capacidad de ahorro—a que los depositantes prácticamente se limitan a los que perciben remesas en dólares del extranjero, ya que el resto de la población, además de tener ahorros quizás menguados, desconfía de un sistema bancario que sabe es utilizado para vigilar sus actividades y detectar la evasión de impuestos o prevenir actividades ilegales de los participantes en la “segunda economía” que según estimados abarca a más de la mitad de la población.
Lo dicho apunta a la necesidad de proveer al sistema de algunos bancos no estatales, si es que se quiere movilizar al ahorro privado: lo cual parecería esencial para crear un mercado de capital funcional, capaz de proveer recursos a la actividad privada, además de la estatal. Asimismo, es necesario ir creando o cuando menos adaptando, entidades, servicios, instrumentos y personal ya existentes para abrir el financiamiento a las entidades privadas: “cuentapropistas,” microempresas y pequeñas y medianas empresas no estatales ya sean agrícolas, de servicios u otra índole que se vayan gestando en el futuro.
Además, para que resulte funcional la transformación que está teniendo lugar en el crédito comercial a las empresas estatales—cierre de las líneas de crédito de los ministerios y las de las empresas entre sí—y el traslado de su financiamiento a los bancos, el cual aumentó 20% a US$1.87 mil millones en el 2000, es necesario un gran esfuerzo de capacitación del personal bancario para que adquiera criterios adecuados de valoración de proyectos y riesgos y otras prácticas bancarias.
FOOTNOTES
1. Felipe Pazos, “Problemas Económicos de Cuba en el Período de Transición,” Cuba in Transition (Miami: Florida International University, 1991).
2. Ernesto Hernández-Catá, “The Fall and Recovery of the Cuban Economy in the 1990s: Mirage or Reality,” Cuba in Transition— Volume 10 (Washington: Association for the Study of the Cuban Economy, 2000), p. 36.
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