Notes1
Las reformas agrarias de 1959 y 1963 hechas por la Revolución cubana, de un lado llevaron al predominio estatal en la explotación de la tierra; y de otro, introdujeron patrones para la producción en gran escala. Bajo el axioma “más propiedad estatal, más socialismo,” a partir de 1963 más del 70% del sector agropecuario fue estatalizado y convertidos en asalariados la gran mayoría de los trabajadores allí ocupados (Aranda 1968).
Un hecho significativo en las reformas agrarias lo constituyó la especificidad de no haber repartido tierra, sino en haber convertido en propietarios a los arrendatarios, aparceros y precaristas (Pino 1999). En otras palabras, al latifundismo colonial y “neocolonial” le siguió, casi ininterrumpidamente, un latifundismo estatal que por supuesto se distinguió de sus antecedentes por sus particularidades y, sobre todo, por su carácter social (Valdées 1997). Este se caracterizó por una racionalización fordista: “Su consecuencia inmediata fue la ampliación y reforzamiento del modelo agrícola de altos insumos en unidades productivas cada vez más gigantes para la producción en masa y bajo un fuerte régimen verticalizado de dirección” (Figueroa 1996, p. 11).
Este latifundio estatal se orientaba al uso masivo de la mecanización, introducción de la ciencia y la técnica, quimización, especialización productiva, entre los principales aspectos. Tendía además, al excesivo tamaño de las explotaciones agropecuarias (ver Cuadro 1). Los crecimientos de la producción en estas condiciones se obtenían mediante la concentración de la maquinaría y equipos y el empleo de altos insumos. Mientras las permanentes escaseces de fuerza de trabajo era suplidas con la movilización masiva de trabajadores de la ciudad.
En otras palabras, la producción agrícola cubana adquirió un carácter típicamente extensivo. Entre sus deficiencias más significativas pueden señalarse que la elevación del producto agropecuario obtenido era muy inferior a los medios básicos, obras de infraestructura, ciencia y técnica empleados, al mismo tiempo que los rendimientos de los fondos y la productividad del trabajo mostraban una permanente regresión. La irrentabilidad de las empresas estatales se convirtió en un pesado fardo para el presupuesto del Estado, que subvencionaba las pérdidas, mientras en general, la agricultura no aportó los saltos productivos necesarios para alcanzar una base alimentaria que facilitara una relativa independencia en la satisfacción de los rubros principales de la alimentación de la población (Burchardt 1996).
Por otra parte, al incorporarse Cuba a la división internacional socialista del trabajo a partir de 1972, asume la especialización en la producción de azúcar y cítricos a cambio de cereales y otros bienes alimenticios. A fines de los años 80, cerca de 60% del área cultivable se destinaba a los productos exportables y algo más del 40% a la producción de alimentos. Esto arrojaba aproximadamente un 0.14 ha de superficie cultivada per cápita para la manutención. Al no lograrse los objetivos trazados en la especialización, Cuba se convirtió en dependiente de las importaciones para satisfacer las necesidades de la población. Así, en los inicios de la década de los 90, el 55% de las calorías, el 50% de las proteínas y el 90% de todas las grasas consumidas en la isla provenían del exterior (Figueras 1994). Esta dependencia, hasta hoy día, en términos generales, se mantiene.
Con el derrumbe del socialismo en Europa del Este, y con el objetivo de sustituir con producciones propias el déficit de los productos alimenticios que provenían de esa área, se instrumentó el llamado programa alimentario (1989). El objetivo central de tal política fue reducir la dependencia de las importaciones de alimentos, aumentar el nivel de autosuficiencia y garantizar a la población el suministro adecuado de calorías y proteínas. Las soluciones ensayadas, no obstante, no modificaron, en sus elementos esenciales, las bases, estructuras y condiciones de funcionamiento de la gestión y dirección de la economía agraria. La organización ramal, subordinación vertical, centralización de planes y programas, así como otras prácticas, mantuvieron su vigencia, e incluso, se expandieron, abarcando el sector estatal un 83% del fondo cultivable (Figueroa 1996).
Los ambiciosos objetivos del programa alimentario no se realizaron. Las superficies previstas a poner en explotación no pudieron ser alcanzadas al reducirse drásticamente los recursos necesarios. Fuentes oficiales reconocieron que a partir de 1992 los insumos disminuyeron a una quinta parte de lo empleado antes. Al mismo tiempo, se hicieron acuciantes los déficit de fuerza de trabajo, que trataron de compensarse con movilizaciones masivas, mientras por otra parte, se manifestaron deficiencias en la distribución de los productos cosechados, llegando a reconocerse, en diferentes medios de prensa, que la red comercial recibía sólo un tercio de los productos, una tercera parte se descomponía en el campo y el otro tercio iba al mercado negro. Estos resultados convirtieron a la agricultura en el sector más subvencionado por el presupuesto estatal. “Con el Plan Alimentario fracasó el pilar básico de la estrategia económica estatal en el área de la economía interna” (Mesa-Lago 1995, p. 62).
El descalabro del programa alimentario provocó una crisis en los principales rublos de abastecimiento agropecuario, que no pudo ser totalmente amortiguada mediante las importaciones. El agudizamiento de la situación alimenticia sólo podía ser superada por medio de un cambio estructural en la agricultura. Había llegado el momento de plantearse lo que algunos especialistas han llamado una “nueva reforma agraria.”
LA NUEVA POLÍTICA AGRARIA EN CUBA: AJUSTES EN LUGAR DE CAMBIOS
En septiembre de 1993 se abrió un nuevo capítulo en la historia agraria de Cuba. La propuesta del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba inició un proceso de reestructuración del entramado agropecuario del país. Dentro de los predios de las 735 granjas estatales cañeras y las 835 empresas agropecuarias, se crearon las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC).2
El Decreto Ley No. 142 dispuso la entrega de parte fundamental de las tierras estatales, en usufructo gratuito, a los colectivos obreros del sector agropecuario, así como el traspaso de los medios básicos necesarios para que asumieran sus responsabilidades productivas. Los propósitos en la creación de las UBPC estaban encaminados a lograr incrementos substanciales en las producciones agropecuarias, reducir los costos, estimular la incorporación a las labores agrícolas de nuevos productores, contribuir a la superación de la inestabilidad de la fuerza de trabajo, mejorar los niveles de vida en el agro, facilitar la solución de problemas como el de la vivienda y ampliar los servicios sociales, así como favorecer la eliminación de los subsidios a la agricultura (Díaz 1997).
Por otra parte, las UBPC han conllevado una reducción significativa del tamaño de las explotaciones agropecuarias al promediar extensiones entre las 800 y 1.000 hectáreas por unidad productiva. Esto unido a la existencia de otras formas de explotación agraria, lleva a que hoy pueda hablarse del surgimiento en la isla de una economía mixta en el sector rural (ver Cuadro 2).
Los miembros de la UBPC organizan el trabajo, deciden sobre el empleo de los medios a su disposición, disponen de áreas de autoabastecimiento y comercializan los excedentes de las producciones, una vez cumplido los contratos firmados. En tanto, sus planes productivos se fijan en convenios con las empresas estatales dentro de las cuales funcionan, compran y venden sus productos, según los precios determinados por el Estado. Hay analistas que afirman que con estas transformaciones “(…) el gigantesco sector de la granja estatal fue, en realidad, privatizado” (Deere 1994, p. 3). No obstante, el Estado se ha reservado el derecho a “(…) la disolución de cualquier Unidad Básica de Producción Cooperativa (…) por causas de interés económico o social determinado por el Gobierno” (Gaceta Oficial 1993).
Al mismo tiempo, a finales de 1994, como continuación lógica a la descentralización aplicada en el agro, se establecieron los mercados agropecuarios en todo el país (Carriazo 1994). Por esta vía las UBPC vieron ampliadas sus posibilidades de comercialización al permitírseles vender en estos establecimientos, los sobrantes y las producciones no conveniadas. En los últimos tiempos, se les autorizó a acudir a esos mercados con parte importante de sus producciones fundamentales. Con ello han mejorado sus rendimientos económicos.
Por otra parte, muchos estudiosos destacan las desproporciones que se observan en el desempeño actual de la agricultura cubana. Entre ellas señalan, de una parte, el alto grado de la intervención estatal y, de otra, la autonomía reconocida a las cooperativas, lo que da por resultado la existencia de una “simbiosis” o “hibridación” en cuanto a mecanismos de gestión, asignación de recursos y criterios para medir la eficiencia de las actividades económicas. En el caso de las UBPC, se ha subrayado que constituyen, en realidad, una entidad dual a medio camino entre la empresa estatal y la verdadera cooperativa, lo que podría definirse como dualismo estructural. De otro lado, se encuentran a medio camino entre una empresa comercial y una simple unidad técnico-productiva, lo que podría denominarse dualismo funcional. En este desdoblamiento radica la complejidad actual de la cuestión agraria en Cuba y la incoherencia de las nuevas estructuras puestas en ejecución.
De acuerdo con los resultados de investigaciones de varios colectivos multidiciplinarios e investigadores individuales (EER 1996; 1998), las dificultades que presentan las transformaciones en el sector agrario son de diversa naturaleza y pueden ser desglosadas en tres dimensiones centrales: obstáculos coyunturales, socioculturales y estructurales.
Por obstáculos coyunturales se entienden las trabas derivadas del cambio de un modo de producción mecanizado y administrativo a otro de trabajo intensivo y autogestionado, y que, necesariamente, requiere de un proceso de consolidación y experiencia de varios años. Aquí pueden mencionarse, entre otras cosas, la falta de conocimientos empresariales, el proceso gradual de asimilación de nuevas tecnologías, el empleo de técnicas intensivas de trabajo, la institucionalización de renovados esquemas organizativos de gestión, y el perfeccionamiento y la estabilidad de las juntas directivas. No obstante, las experiencias obtenidas permiten apuntar que muchas de estas limitaciones están siendo superadas y que algunas de sus lecciones pueden ser generalizadas.
Los problemas socioculturales, por otra, se identifican con los patrones de comportamiento de los actores implicados en el trabajo de las UBPC. Este movimiento cooperativo surgió de una directiva gubernamental, orientada desde arriba, sin contar con un desarrollo orgánico y evolutivo desde la base. Ambos elementos se reflejan en el lento cambio de conducta de los participantes en el proceso de consolidación de las relaciones que las nuevas entidades demandan.
Este conjunto de circunstancias contribuyó a la estructuración de un extendido paternalismo, aún no totalmente erradicado, por parte de la administración estatal, al no reconocerle la autonomía indispensable a estas cooperativas. Tampoco puede desconocerse que persiste un cierto acomodamiento en las direcciones de las UBPC a aceptar el control y la injerencia de las instancias estatales. Con razón se ha destacado que “uno de los problemas más serios ha sido la imposibilidad de cambiar con rapidez la mentalidad de los agentes involucrados en el funcionamiento de las UBPC, tanto de los productores asociados en éstas, como de los funcionarios estatales relacionados. Los últimos no renuncian fácilmente a ejercer las prerrogativas y funciones que les otorgaba el esquema administrativo anterior, en tanto los primeros no se sienten dueños de lo que producen” (Carranza et al. 1995, p. 46).
El aspecto sociocultural también comprende las relaciones interempresariales. En este sentido, ante todo, vale resaltar que Cuba carecía de una gran masa de pequeños productores agrícolas; la gran mayoría de los ocupados en las labores agrarias eran asalariados con una especialización, y participación en la división del trabajo relativamente alta. Los miembros de las UBPC, en consecuencia, no disponían de una cultura autogestiónaria, ni de tiempo para desarrollar una conciencia capaz de asimilar los modos de producción e intensidad de trabajo que requiere la organización cooperativa.
Las limitaciones estructurales en el funcionamiento de las UBPC abarcan, ante todo, la ausencia en los niveles tanto meso como macro-económicos de cambios institucionales significativos en el papel de los órganos estatales (Rodríguez 1999). No se ha avanzado mucho en la transformación del Estado de agente productor principal y administrador central, en agente regulador de los procesos económicos; los cambios dados en el sector agrario han sido más formales que reales. Así, el Estado ha continuado ejerciendo un excesivo control, a veces directo otras indirecto, en la producción, la compra y comercialización, en la asignación de insumos, además de mantener un virtual monopolio, o cuando menos, una posición dominante en estas actividades.
Asimismo, el Estado adquiere a bajos precios los productos de las UBPC, mientras vende los suministros e insumos para la producción, así como los servicios, a precios elevados. Ya es evidente que estos mecanismos se han tornado en un freno al incremento de la productividad del trabajo (González 1998). De aquí que uno de los objetivos originales de la creación de las UBPC, incentivar el trabajo y con ello aumentar la productividad, ha sido socavado por las desproporciones de estas relaciones. De esta forma, la conexión entre productividad e ingresos no aparece debido a la monopolización estatal de precios y, sin estímulo material, no hay interés en el aumento de la producción.
Otro aspecto que incide en las trabas estructurales que afectan a las UBPC tiene que ver con la necesidad de medidas que tiendan a fortalecer la infraestructura y medios de transporte que faciliten el acceso de las cooperativas al mercado agropecuario. No obstante, la autorización para que estas unidades adquieren las producciones de productores independientes o cooperativas de consumo y servicio les abren nuevas posibilidades para incrementar sus fuentes de ingreso por la vía de la comercialización.
Otro obstáculo estructural para el funcionamiento de la UBPC tiene que ver con el sistema de asignación de los insumos. Más de un observador ha llamado la atención sobre la ausencia de mercados desregulados para los bienes intermedios industriales y medios básicos, destacando el papel que ejerce el Estado de virtual monopolio en los abastecimientos (Bu Wong 1996). Se reconoce por amplios círculos de especialistas y en eventos académicos que este proceso de asignación de recursos vigente no corresponde a la diversificación experimentada en las formas de explotación, a la multiplicación de los agentes económicos y a la autonomía que, al menos, en las disposiciones oficiales se le han otorgado a las UBPC.
Por último, otra cuestión presente en las desviaciones estructurales actuantes en el trabajo de las UBPC tiene que ver con la ausencia de representación para la canalización y defensa de intereses propios. Los miembros de las cooperativas son dueños de los medios de producción (excepto la tierra) y, sin embargo, están organizados como asalariados pertenecientes al Sindicato de Trabajadores Agropecuarios y Forestales; mientras, por otra parte, están subordinados a los Ministerios de la Agricultura y del Azúcar. La condición del cooperativista-propietario-proletario y su subordinación a instancias estatales no posibilitan manifestaciones independientes de sus intereses concretos y, mucho menos, disponer de representación asociada orgánica como productores independientes (Burchardt 1999a).
EL COOPERATIVISMO CUBANO: ¿GERMEN PARA UNA REFORMA EMPRESARIAL?
Hoy por hoy, aún no puede afirmarse que las transformaciones ocurridas en el sector agropecuario y el tipo de economía mixta que parece consolidarse han dado respuesta adecuada y eficiente a los problemas históricos de la agricultura cubana: la escasez de mano de obra, el logro de una autosuficiencia alimentaria y, en consecuencia, disminución de la dependencia externa con respecto a la alimentación de la población.
Sin embargo, tomando en cuenta que el nuevo cooperativismo cubano nació en momentos de una profunda crisis económica, y que su accionar tiene que desenvolverse dentro de esa crisis, hay que reconocer que la estabilización y logros parciales de las UBPC, durante casi una década, constituyen un mérito indudable. Consolidar este éxito y convertirlo en un proceso irreversible, representa, en nuestra opinión, el principal desafío al que tiene que enfrentarse la sociedad cubana.
Un posible camino a seguir comprendería la introducción de mecanismos económicos más flexibles, referidos, ante todo, al sistema de precios y de abastecimiento técnico-material, que tendería progresivamente hacia relaciones de oferta-demanda. Junto con este paso, el área de renglones agropecuarios sujeto a distribución normada, pudieran irse reduciendo paulatinamente, al igual que los subsidios pudieran sustituirse por ayudas directas a los segmentos de menores ingresos. Así, modificar todo el entramado actual de abastecimiento técnico-material, por su adquisición en una red comercial, posibilitaría que cada UBPC establezca las combinaciones de surtido que mejor se ajusten a sus condiciones específicas. En otras palabras, sustituir las relaciones de controles administrativos por métodos económicos, parece ser el camino a transitar en el futuro próximo de las UBPC, así como lograr, en el mediano plazo, una tasa de cambio económicamente fundamentado.
Hasta el presente, un punto neurálgico en los mercados agropecuarios lo constituye la persistencia de altos precios. En el mediano plazo, la disminución de estos precios se alcanzaría — esto lo subrayan todos los especialistas — solo si se logra una ampliación de la oferta, donde las UBPC con su enorme carga de reserva productiva desempeñarían un extraordinario papel (Nova 1996). Al resolverse el problema del incremento y la eficiencia de la producción “ubepecista,” se elevaría su participación en las ventas en los mercados agropecuarios y ello posibilitaría resolver sus actuales déficit financieros y de rentabilidad.
Otra cuestión sensible que han arrastrado las UBPC ha tenido que ver con la autonomía empresarial de que disponen. En este aspecto pudieran abrirse nuevas posibilidades que incluyeran, entre otras, la capacidad de decisión para establecer vínculos de cooperación con entes externos, así como facilidades para hacer inversiones a unidades que formen fondos destinados a la acumulación.
Un punto poco debatido en torno al funcionamiento de las UBPC ha sido el de su autonomía política. La autogestión de las cooperativas es condición decisiva para el éxito del modelo encarnado en las UBPC. Parece recomendable que las funciones del Estado sean menos intervencionistas, se otorguen seguridades legales más amplias y transparentes, así como se abran espacios para crear estructuras propias y más diversificadas de organización. La clave estaría aquí en el punto de equilibrio entre las aspiraciones y las potencialidades de las nuevas empresas para desarrollarse. Así, un excesivo tutelaje castraría las bases de su consolidación y retardaría innecesariamente su protagonismo económico y social; mientras que, una excesiva autonomía, conduciría al desorden y desvirtuaría los principios del cooperativismo.
Tampoco debe olvidarse que las UBPC desarrollan sus actividades dentro de un marco local y regional. Así, una mayor racionalidad en el tamaño de las cooperativas, la diversificación de los cultivos, las posibilidades de estructurar, en el ámbito local redes de comercialización directas a la población, la autorización para la prestación de servicios, junto con la vinculación horizontal entre las cooperativas y otras empresas locales, facilitaría la integración de las UBPC en la política y las estrategias de los gobiernos municipales. Por esta vía surgirían efectos sinergéticos entre las unidades colectivas y el desarrollo local. Así, pueden crecer nuevas “local economies” que podrían ser, no sólo el fundamento de una economía sustentable y sostenible, sino también, la célula de una nueva cultura política de la sociedad cubana (Burchardt 1999b; Dilla 1996).
De lo apuntado se desprende que el proceso cooperativo engendrado por las UBPC, podría convertirse en un polo que impulse otras formas organizativas dentro de la reforma empresarial en marcha (Burchardt 2000). No resulta un secreto que el carácter que asuman los cambios en la esfera de la dirección de la economía marcarán su impronta en el entramado político y social de la isla. Dentro del marco de las transformaciones introducidas en las empresas, que aspiren a una autonomía real, a la elevación de la productividad y a un compromiso social, parece de interés promover, como una de las variantes, las cooperativas. Un efectivo modelo cooperativista contribuiría a difundir y fortalecer una distribución social más justa, así como a una democratización de la economía y de la sociedad.
Muchas son las ventajas que aportaría el desarrollo exitoso del proceso de cooperativización en el agro. En primer lugar, asegurar una base de abastecimientos de productos alimenticios, estables y a precios accesibles, a la gran mayoría de la población tendría positivos efectos psicológicos entre los consumidores. A la vez, mejores ingresos y condiciones de trabajo en la agricultura, pudieran crear las bases para absorber una masa importante de desempleados. Esto tendría una repercusión evidente e impactos directos mas dinámicos en las regiones y niveles locales. Una ampliación de las formas cooperativas, mayores descentralizaciones, así como el potenciar la creación de nuevas unidades campesinas, serían una respuesta positiva en la dirección de “recampesinar” el agro, y contribuir a detener la emigración del campo a la ciudad (Valdés 1997).
En resumen, puede adelantarse que un posible itinerario de los cambios operados en el sector agropecuario cubano, y los que son factibles de preverse para un próximo futuro reconocerían que: “… sin la reanimación de la agricultura de consumo interno y del sector agroexportador y su rentabilización, no puede hablarse de superación de la crisis económica ni de saneamiento real de las finanzas internas… Los objetivos básicos de esta reforma son la diversificación de las formas económicas de producción y de los agentes productivos, el redimensionamiento de las entidades productivas, la introducción y generalización de una agricultura de bajos insumos y alto empleo de mano de obra, la apertura del mercado y la generación de nuevos incentivos capaces de estabilizar y recapturar la fuerza de trabajo necesaria para este sector. La autonomía y la autogestión financiera y participativa son factores claves para la racionalización y la rentabilidad de la agricultura nacional. Esta es, definitivamente, la vía magistral para dar solución a los dos cuellos de botella fundamentales que aflijen al país: el problema alimentario y la escasez de divisas” (Figueroa 1996, pp. 18-19).
Algunos estudiosos de la realidad cubana consideran, por otra parte, que las transformaciones introducidas en el funcionamiento del sector agropecuario en Cuba pueden calificarse de una “Tercera Reforma Agraria.” Aún cuando la “economía mixta” que se aprecia hoy en los tipos y formas de explotación agraria en Cuba pueden dar lugar a valoraciones de este alcance, existen también cuestionamientos que no pueden pasarse por alto. Ante todo, pueden señalarse el control directo e indirecto que el Estado ejerce sobre el sector, y la ausencia de institucionalizaciones claras y precisas para validar legalmente los cambios introducidos. A estos habría que agregar la falta de promulgación de reglas transparentes para el usufructo de la tierra y la tenencia para explotaciones especializadas (tabaco, café, cacao, etc.), así como acerca de las posibilidades de hacer reversible las medidas establecidas.
Por último, alcanzar las potencialidades actuales contenidas en la política agraria de la isla plantea la necesidad de una reorientación radical. El cooperativismo cubano actualmente no es un reto de factibilidad, sino, sobre todo, una cuestión de voluntad política. Quien quiera para la Cuba del nuevo siglo una vinculación de la eficiencia económica con un sistema que priorice al hombre y su entorno social, junto a la defensa del medio ecológico, y que contenga relaciones de propiedad con una cogestión participativa, ha de promover y hacer de la llamada “Tercera Reforma Agraria” una vía irreversible.
BIBLIOGRAFÍA
FOOTNOTES
1. La base de este artículo se encuentra en el número 28 de la revista Socialism and Democracy, Nueva York, la cual contiene una versión en inglés que presenta un panorama más amplio de la actual política agraria en Cuba. Para un análisis más profundo y extenso sobre las reformas agrarias en Cuba consúltese mi libro, La última reforma agraria del siglo: La agricultura cubana entre el cambio y el estancamiento. Editorial Nueva Sociedad. Caracas, 2000.
2. Los siguientes comentarios reflejan algunos resultados del proyecto de investigación “La transformación de la agricultura cubana a partir de 1993,“ dirigido por el autor y auspiciado por la Fundación Volkswagen. Las instituciones que colaboraron en el proyecto fueron el Departamento de Historia de la Universidad de Hannover, el Equipo de Estudios Rurales (EER) y el Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC) de la Universidad de La Habana.
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